Ambrosio, obligada a convocar las plazas que bloqueó la Junta

El Ayuntamiento gobernado por Isabel Ambrosio tendrá que convocar dos plazas de funcionario que intentó bloquear el departamento de Isabel Ambrosio cuando era delegada de la Junta. La aparente contradicción tiene que ver con el desarrollo de un pleito judicial que enfrentaba al actual empleador de la alcaldesa, el Consistorio cordobés, con el anterior pagador de la nómina de la regidora, la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales, hoy Presidencia, y que en su día estuvo en manos de IU. Era el departamento para el que trabajaba Pedro García, el primer teniente de alcalde, en el momento de interponerse el recurso.

La cuestión es que la Junta, en contra de lo que predica el partido que la gobierna, usó la interpretación más restrictiva posible de la legislación para evitar que se ampliara la plantilla de funcionarios que luchan contra el fraude fiscal, es decir, los que tratabajan en el departamento de Recaudación. El anterior gobierno municipal, del PP, decidió crear dos puestos de inspector fiscal por un acuerdo adoptado en diciembre de 2013. Para acabar de rizar el rizo, la Junta se comportó como una inflexible señorita Rottenmeier usando una ley aprobada por el Partido Popular para evitar incurrir en más gasto público .

El Gobierno decidió limitar las posibilidades de creación de plazas de funcionarios por medio de la llamada tasa de reposición . Así, salvo una serie de casuísticas determinadas, se consideró que solo se podían sustitutuir un diez por ciento de los funcionarios que se dieran de baja por jubilación, fallecimiento o cambio de empleo al sector privado.

El Consistorio entendió que ese diez por ciento era sobre la totalidad de la plantilla. La Junta de Andalucía, por su parte, limitó ese diez por ciento a cada cuerpo o escala funcionarial . Es decir, el Ayuntamiento aplicaba un criterio que dejaba mucho más margen a la institución por cuanto realizaba un cómputo general. El Gobierno andaluz, en ese momento formado por dos partidos, obligaba a la jubilación de diez inspectores de recaudación para la creación de una sola plaza, lo cual es un escenario bastante poco probable en la mayor parte de los municipios andaluces.

La Junta perdió el primer pleito entablado con el Ayuntamiento en una sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Córdoba , que ya decía que no había por qué utilizar un criterio tan restrictivo. De hecho, la lucha contra el fraude fiscal es una de los capítulos en el que el ejecutivo abrió la mano para que se permitiera la creación de nuevas plazas aún con limitaciones para evitar incurrir en más gasto público.

La sentencia del TSJA responde a una apelación presentada por la Junta de Andalucía, que en vez de cambiar de criterio y facilitar la creación de las plazas de inspector fiscal optó por mantener la pelea en los tribunales . El alto tribunal andaluz asegura que existen diversas sentencias que creen que la interpretación de la norma que hizo el Ayuntamiento es la correcta. Además, pone ejemplos de municipios que incluyeron nuevas plazas por esta misma vía con informes jurídicos de sus servicios municipales que avalan esta forma de proceder. Contra el fallo, no cabe ya recurso.