Tribunales
La alcaldesa de El Carpio, Desirée Benavides (PSOE), denunciada por prevaricación y abuso de poder
La exprimera teniente de alcalde y su pareja afirman sufrir una «persecución» cuyo último episodio ha sido el cierre de su negocio sin mediar expediente
La alcaldesa de El Carpio, Desirée Benavides (PSOE), ha sido denunciada por la que fue su número dos en el equipo de gobierno, María del Carmen Gavilán , que fue cesada de su cargo el pasado marzo, y la pareja de esta última por presunta prevaricación y abuso de poder , tal y como consta en la denuncia presentada ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Montoro , y a la que ha tenido acceso ABC.
El motivo por el que las denunciantes han decidio llevar a la regidora carpeña ante los tribunales está en «la campaña de acoso» de Benavides hacia su excompañera de filas, que tras el cese se pasó al grupo mixto conservando su acta de edil, y su pareja, a la que vetó para acceder a la bolsa de trabajo municipal hasta en dos ocasiones, según denuncian Gavilán, y que fue el motivo por el que fue cesada. «Me dio a elegir entre mi trabajo o mi pareja », admite la edil del grupo mixto, quien en su denuncia refleja que cuando la regidora conoció que su compañera, la también denunciante Ana Moreno , iba a concurrir a una plaza como empleada de mantenimiento de limpieza viaria y conservación se dirigió a ella diciéndole: «Ana no puede, ni va a salir elegida».
Más tarde, y como se recoge en el escrito de denuncia, hubo otra oferta para peón de limpieza , «donde se orquestaron una serie de irregularidades» para impedir que Moreno pudiese optar al puesto, lo que motivó que la aspirante llevase tales hechos ante el Defensor del Pueblo .
El acoso de la regidora no cesó y el pasado 1 de marzo de 2021 hubo otro episodio en el cual la denunciada realizó una llamada teléfonica a la que todavía era su compañera de partido y su mano derecha en el Ayuntamiento «con el propósito de que esta diera por terminada la relación con Ana Moreno, debido a la impugnación de la adjudicación de las plazas de limpieza», según se especifica en la denuncia. En la misma se añade que, como consecuencia de este hecho, Gavilán «sufrió un ataque de ansiedad , requiriendo atención hospitalaria».
Abandonadas las filas del partido socialista, y ya como edil no adscrita, la «persecución» de la regidora hacia Gavilán y su pareja siguió esta vez con el negocio que ambas habían montado como objetivo.
Según el relato presentado ante el juzgado para sostener la acusación de prevaricación y abuso de poder, las denunciantes firmaron un contrato de alquiler con los dueños de un establecimiento hostelero en El Carpio, donde, según su versión, constaba que el local estaba al corriente de todos los permisos y requisitos exigidos. Gavilán explica a ABC que, tal es así, que «la declaración responsable presentada ante el Ayuntamiento para el cambio de titular nos vino favorable».
El día 15 de junio inauguraron la cafetería, que empezó a recibir las visitas periódicas de los agentes de la Policía Local para ver que todo estaba en orden hasta que el día 22 de septiembre, coincidiendo con el inicio de la Feria de El Carpio, se presentaron con una notificación en la que se informaba de que la licencia de apertura del establecimiento había extinguido, a expensas de una calificación ambiental, y que debían cerrar.
Ante la negativa de ambas propietarias, desconocedoras de que hubiese caducado una licencia para la que habían presentado la declaración responsable, los agentes nos advirtieron que «la próxima vez que viniesen vendrían con refuerzos , que nos cerraban el local y nos llevaban arrestadas», indica la edil no adscrita en referencia al negocio que regenta junto a su pareja.
Cierre sin previo aviso
La gota que colmó el vaso llegaría seis días después, el 28 de septiembre, cuando los vecinos alertaron a las denunciantes de que la Policía Local se estaba llevando en una furgoneta el mobiliario de la terraza . Según consta en la denuncia, ambas acudieron a su negocio y comprobaron que las sillas, mesas, sombrillas y unos barriles de madera de su negocio habían desaparecido y que la cafetería había sido precintada. De inmediato se dirigieron al Ayuntamiento, donde pidieron al cabo de la Policía Local que les facilitase la diligencia por la que habían procedido «a desmantelar nuestro negocio, sin haber sido avisadas ni haber estado presentes para corroborar el inventario», indicó Gavilán. La respuesta del agente fue que para tener acceso a esa diligencia tenían que pedirla por escrito en el registro de entrada municipal. «Fue una excusa para no decirnos que no la tenían», matiene la exdirigente socialista.
El motivo dado por la acaldesa, con la que ABC intentó ayer sin éxito contactar para que diese su versión, para precintar el local es que, según una ley de 1999 los establecimientos que permanezcan cerrados más de dos años necesitan volver a pedir licencia. «Es una ley que nadie conoce, que no se ha aplicado nunca en El Carpio, y que ni la propia alcaldesa conocía hasta que la ha utilizado para hacernos daño», sentencia Gavilán.
Respuesta de la alcaldesa
La alcaldesa carpeña ha asegurado que el «procedimiento administrativo» iniciado por el Ayuntamiento y que ha llevado al cierre del citado establecimiento «es porque han abierto durante cuatro meses sin licencia». Es más, « Urbanismo e Intervención las avisaron, desde primera hora, de que la licencia» con la que contaba el establecimiento «estaba caducada y que tenían que realizar un nuevo proyecto para obtener el informe de calificación ambiental», que es preceptivo, junto con la «declaración responsable que presentaron».
En realidad y según ha subrayado la alcaldesa, es Gavilán, «como concejal tránsfuga , la que mantiene una rivalidad con el grupo» socialista y no solo con la propia alcaldesa en concreto, pues, «desde que la cesamos , porque el grupo entendió que no era transparente en sus actuaciones y en su trabajo como primera teniente de alcalde», ha venido lanzando « una acusación tras otra por la gestión que hacemos, y principalmente hacia mí».
La alcaldesa, que no ha recibido aún comunicación oficial de la denuncia presentada contra ella, ha asegurado que su actuación no puede calificarse como «abuso de poder» ni en contra de la normativa, pues «cualquier paso» que ha dado en este asunto lo ha hecho «siempre asesorada por el Departamento de Urbanismo y por el interventor del Ayuntamiento», teniendo en cuenta también hechos como que, durante «la Feria Real, con el peligro que había», en cuanto a que se formaran aglomeraciones , Gavilán organizó «una fiesta ilegal , sin permiso de la Subdelegación, en el bar y enmedio de la calle, sin cumplir las medidas de prevención de la pandemia».
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