TRIBUNALES
El alcalde de Nueva Carteya será juzgado el 9 y 10 de diciembre por contaminación acústica y prevaricación
El fiscal le pide 6 años de prisión por no inspeccionar a un restaurante cuyos ruidos afectaron a la salud de los vecinos
La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba sentará los próximos días 9 y 10 de diciembre en el banquillo de los acusados al alcalde de Nueva Carteya, Vicente Tapia (IU) , como presunto autor junto a otra persona investigada, propietaria de un bar restaurante, de un delito contra el medio ambiente por contaminación acústica , lesiones y prevaricación, según ha podido saber ABC, después de que fuera aplazado el pasado 20 de noviembre. La Fiscalía solicita una pena que suma seis años y cuatro meses de cárcel por estos delitos.
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Cabra número 1 ha tramitado el procedimiento abreviado del que el pasado 21 de febrero se dictaba un auto de apertura de juicio oral, según informaron entonces a este periódico fuentes del Tribunal Superior de Andalucía (TSJA) .
Según recoge la calificación de la Fiscalía, desde el año 2007 el propietario del establecimiento ha organizado todo tipo de celebraciones, para lo que ha utilizado las instalaciones del hotel y dos carpas instaladas en un recinto anexo, «que no cuentan con ningún tipo de licencia» . Al respecto, el domicilio de los denunciantes dista de las carpas unos ocho metros y la actividad referida, según detalla el Ministerio Público, «se desarrollaba con un alto nivel de ruido, que se agrava con la ubicación en zona residencial», además del horario nocturno de muchas celebraciones , en las que los invitados salen frecuentemente a la zona entre las carpas y el hotel.
En este sentido, la familia perjudicada -un matrimonio y sus hijos- han formulado un total de 35 denuncias en diez años ante la Policía Local y han manifestado la situación al regidor desde el año 2007. Si bien, según la Fiscalía, el Ayuntamiento y su alcalde no han acordado medida alguna para solucionar o paliar el problema, ni se ha incoado procedimiento sancionador, ni se ha inspeccionado .
Sus denuncias ante la Guardia Civil y el Juzgado de Guardia en 2016 motivaron la apertura de diligencias. Desde abril de 2016 la mujer afectada ha recibido en múltiples ocasiones asistencia médica y ha precisado de tratamiento médico por trastorno adaptativo con depresión , que «remite en función de la disminución del ruido», según explica el Ministerio Público, que agrega que el varón perjudicado ha sufrido malestar, que ha sido objeto de atención médica. Cabe señalar que el día 24 de abril de 2018 se acordó en un auto el cese de actividad bajo la carpa del local y «no consta que la actividad haya continuado bajo las carpas, aunque sí en el restaurante del hostal».
El Ayuntamiento dice que obró crorrectamente
Según relata el equipo de gobierno de la localidad en una nota de prensa remitida el pasado año cuando se judicializó el asunto, « el caso obedece a un conflicto entre vecinos en el que una de las dos partes finalmente ha decidido denunciar al considerarse perjudicada ante la supuesta emisión de ruidos generados por el desarrollo ocasional de la actividad en el hostal-restaurante».
En este sentido, «la Alcaldía ha mantenido distintas reuniones con ambas partes a lo largo de los últimos años con la clara intención de evitar cualquier tipo de molestia que se pudiera derivar de dicha actividad».
El equipo de gobierno manifestaba entonces su «malestar e indignación por considerarla [la pena] desproporcionada, toda vez que creemos firmemente que el Ayuntamiento ha obrado correctamente en este asunto».
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