Andalucía, a la cola
Agricultura acelera la ejecución del Programa de Desarrollo Rural
Desde el mes de enero, que entró en juego el actual equipo de Gobierno, se ha aumentado el gasto público declarado en 126 millones de euros
En la última reunión del Comité de Seguimiento del Programa de Desarrollo Rural (PDR) de Andalucía para el marco actual 2014-2020, celebrada el pasado 25 de junio, se pusieron sobre la mesa los datos de ejecución de dicho programa a fecha de 31 de diciembre de 2018. Estos datos no dejan en buen lugar a Andalucía, que continúa anclada a la cola de España . Y es que si la media de ejecución del PDR a nivel nacional y europeo es del 40%, en el caso de la región andaluza sólo alcanza el 20%.
Así, al cierre de 2018, la Junta de Andalucía del Gobierno presidido por Susana Díaz tan sólo había declarado un gasto de 490 millones de euros sobre un total de 2.449 programados para las políticas de desarrollo rural en este marco comunitario que acaba oficialmente el próximo ejercicio 2020.
En dicha reunión, donde asisten representantes de distintas consejerías del Gobierno andaluz así como autoridades gestoras del Ministerio de Agricultura y de la Comisión Europea (el «gobierno» de la Unión Europea), se puso sobre la mesa la preocupación por el bajo nivel de ejecución de las distintas medidas previstas en el programa en su recta final.
En este sentido, Asaja Andalucía ha lamentado que la comunidad « vaya a remolque de otras autonomías españolas con un peso agrícola menor , como es el caso de Galicia, cuyo PDR está al 35% o Castilla y León, con un grado de ejecución del 33%; Extremadura, con el 29,5% y Castilla La Mancha, con el 28,3%».
En enero de 2019 se producía el cambio en la Junta de Andalucía y Juanma Moreno se proclamaba presidente andaluz, sentando en la Consejería de Agricultura a la popular Carmen Crespo. En estos seis meses de nuevo Gobierno «l a ejecución del PDR andaluz ha aumentado del 20 al 25% , con un total de gasto público declarado de 616 millones de euros». Así lo afirma la patronal agraria, que cuenta con datos actualizados de ejecución del programa a fecha de 4 de julio de 2019.
En este sentido, el director general de la regional de Asaja, Félix García de Leyaristy, valora «el acelerón» dado en este corto periodo de tiempo, que ha supuesto que «126 millones de euros se inviertan en el medio rural para atender las necesidades de los agricultores y ganaderos». No obstante, ha añadido que «seguimos muy preocupados porque el ritmo es lento y el tiempo se agota», por lo que ha instado a «seguir pisando el acelerador con más énfasis, pues sobrevuela la pérdida de fondos destinados a acciones de desarrollo rural como ya ocurrió en el marco anterior (2007-2013), cuando se dejaron sin ejecutar 150 millones de euros de gasto público». Se trata de un escenario que preocupa, y mucho, entre los representantes de los profesionales del campo andaluz.
Preocupación compartida
La preocupación de la patronal agraria tras ese 20% de ejecución del programa andaluz la comparten tanto el Ministerio de Agricultura como la Comisión Europea, cuyo representante en el Comité de Seguimiento instó al Ejecutivo autonómico a «agilizar la puesta en marcha y la ejecución de las distintas medidas previstas para que el dinero llegue cuanto antes a sus destinatarios y que así no haya pérdida de fondos para Andalucía ni para España».
La Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía cuenta con la fecha límite del 31 de diciembre de 2020 para que esté todo el gasto comprometido (es decir, tiene 17 meses por delante para dar uso a los 1.833 millones de euros que quedan de los 2.449 millones programados), aunque cuenta con la bombona de oxígeno de la regla N+3, que le permite poder ejecutar dicho gasto hasta 2023.
La Consejería de Carmen Crespo ya anunció que reprogramará «unos 800 millones de euros del PDR andaluz para impulsar la competitividad del sector», comprometiéndose a que «ni un solo euro de los fondos europeos quede sin utilizar y reportar beneficios a la comunidad».
La situación actual del PDR andaluz es «muy dispar», ya que «hay medidas que cuentan con un alto grado de ejecución, como la Medida 6, donde se incluye la incorporación de jóvenes agricultores; otras que no van mal, como las Medidas 10, 11 y 13, donde se incluyen las ayudas agroambientales; y otras que son un despropósito, como la Medida 8, correspondiente al paquete de las ayudas forestales», declara Félix García.
El apoyo a los jóvenes agricultores ha sido una línea de acción prioritaria para esta Consejería, que cuenta con una ejecución del 68%, llegando a un pago de 93 millones de euros sobre un total de 138 millones programados inicialmente. Un importe que se va a incrementar, a tenor del reciente anuncio realizado por Agricultura, informando que agilizará hasta final de año 75 millones en incentivos para potenciar el relevo generacional en el campo andaluz.
La Medida 10 (Agroambiente y clima) cuenta con una ejecución del 46%; la Medida 13 (Pago a zonas con limitaciones específicas) del 66% y la Medida 11 (Agricultura ecológica) es la que está más avanzada de todo el programa que se abona con fondos europeos, con una ejecución del 87%.
Asaja Andalucía vuelve a criticar el retraso de la convocatoria de las ayudas forestales (Medida 8), que consta de cinco líneas de ayudas y está presupuestada con 394 millones de euros. De éstos, «el anterior Gobierno andaluz sólo puso en marcha una convocatoria a 31 de diciembre de 2018, la submedida 8.3.1, dedicada a la prevención de los daños causados a los bosques por incendios forestales, con un presupuesto de 14 millones de euros», denuncia Félix García de Leyaristy.
Entre las medidas más atrasadas también se encuentran la línea de modernización en explotaciones agrarias (Medida 4), dotada con un presupuesto de 36 millones de euros y cuya ejecución no supera el 10 por cento; así como la Medida 19, en la que se incluyen los Grupos de Desarrollo Rural (GDR). Cuenta con «el 0% de ejecución presupuestaria de su estrategia de desarrollo local», dado que «sólo han justificado ante la Junta sus gastos de funcionamiento interno, es decir, que hasta la fecha no ha llegado ni un euro a los beneficiarios del medio rural».
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