EMPRESA
La Administración Concursal pide al juez la apertura de de la liquidación de la constructora cordobesa Canval
La constructora tiene pendientes causas judiciales como la deuda de 5 millones con la Agencia Tributaria
El informe elaborado por la Administración Concursal de la constructora cordobesa Canval presentado ante el Juzgado de lo Mercantil 1 de Córdoba solicita que se acuerde por parte del magistrado la apertura de la fase de liquidación .
Canval Empresa Constructora decidió acogerse el pasado 30 de junio de 2020 a la legislación sobre insolvencias pidiendo el preconcurso de acreedores por la situación generada en el sector en el que opera por la crisis del Covid-19. La firma, que fue una de las más potentes en construcción de residencial y equipamientos, tiene una experiencia de cuarenta años en el sector desde su fundación a principios de los ochenta por los empresarios por Eduardo Valiente y Cándido Serrano.
La dirección de la empresa confirmaba entonces la presentación del preconcurso que explicó por el impacto que ha tenido la crisis sanitaria y economómica en las obras que realiza para grandes promotores en otras zonas de España. La dirección de la empresa aseguraba entonces -seis meses atrás- que se encontraban evaluando toda las opciones disponibles «para poder afrontar esta situación del modo más satisfactorio posible para todas las partes afectadas». Aseguró también que espera que esta situación «no empañe» cuatro décadas de trayectoria empresarial.
«La empresa confirmaba entonces la presentación del preconcurso que explicó por el impacto que ha tenido la crisis sanitaria y economómica en las obras que realiza para grandes promotores en otras zonas de España»
Canval cerró sus últimas cuentas depositadas -las del ejercicio fiscal de 2018 - con una facturación de más de 12 millones de euros exclusivamente en su negocio de construcción, con un beneficio de unos 140.000 euros después de impuestos. Entre 2017 y 2018 , la empresa cordobesa dio un salto relevante en la facturación , producto de las medidas adoptadas por la dirección de la empresa para intensificar la adopción de contratos con promotores para el desarrollo de sus obras en proyectos residenciales y oficiales.
La empresa declaraba en ese momento ratios positivas de liquidez, deuda y reservas que, aseguraba, le auguraban un futuro de estabilidad. La empresa tenía 40 trabajadores y subcontrataba los oficios que necesitara en las obras.
Elevado endeudamiento
El informe de la Administración Concursal , al que ha tenido acceso ABC, recoge que la falta de rentabilidad que es la que ha provocado la situación actual de la compañía.
La conclusión de los administradores concursales es que «dado el elevado endeudamiento de la concursada y la paralización de la actividad empresarial , sólo si se recuperan los créditos pendientes de cobro a los promotores, se podrán atender los compromisos adquiridos con terceros . Esta Administración Concursal estima que a la vista de las circunstancias detalladas en este informe procedería acordarse la apertura de la fase de liquidación ».
Los administradores han analizado el balance y la cuenta de pérdidas y ganancias de los años 2017, 2018 y 2019 donde refleja que pese a que el volumen de negocio fue elevándose de los 8.5 millones en 2017 a los 12,7 en 2018 para acanzar los 16.375.111,72 en 2019 que duplicaba los de 2018, sin embargo, en el ejercicio 2019, su Ebitda pasa a ser negativo, lo que nos indica que «en este periodo el negocio de la sociedad no ha generado recursos suficientes para absorber los gastos propios de su actividad ordinaria. Como consecuencia de lo anterior, el resultado operativo, que se había mantenido en valores positivos durante los ejercicios 2017 y 2018 se sitúe en el año 2019 en negativo en más de dos millones de euros ».
El gasto de personal que además alegan como una de las causantes de la frágil situación financiera argumentan que pasó de los 641.468,44 euros de 2017 a los 1.024.676,55 para situarse en los 1,7 millones en 2019 lo que representa el 11 por ciento ese último año de los gastos frente a los ingresos. «Como puede apreciarse el deterioro en el resultado operativo crece de forma significativa en 2019.
«Desde 2017 a 2019, el negocio de la sociedad no ha generado recursos suficientes para absorber los gastos propios de su actividad ordinaria»
Ello se produce como consecuencia de la disminución tan importante en el margen bruto y el impacto del incremento de los gastos de personal y del resto de gastos de explotación. El peso de los consumos sobre la cifra de negocio crece 10 punto porcentuales en 2019 frente a 2017. Lo que reduce el margen bruto del 14% al 4% imposibilitando que se puedan cubrir el resto de gastos de explotación, que además han tenido un incremento generalizado en el año 2019», recoge la AC.
A esto se une, según el informe presentado ante el Mercantil, que no fue hasta el ejercicio 2019 cuando se rompe el equilibrio y se ve que el pasivo corriente supone el 80 por ciento de la financiación de la empresa , lo que supone que la estructura financiera es muy débil y no ha soportado los problemas de cobro que le ha planteado el mercado.
En cuanto cómo había influido la irrupción del Estado de Alarma y la pandemia en 2020, el Canval recogía que la disminución de los volúmenes de certificación de obra ejecutada frente a los previstos, como consecuencia de la pandemia por Covid-19 ha sido determinante para que no se pudieran atender los vencimientos de proveedores y acreedores con la facturación a clientes. Se ha producido un drástico descenso del nivel de liquidez de la empresa, a pesar de que se había solicitado financiación al amparo de la línea ICO avalada por el Gobierno para este fin, que ha resultado insuficiente.
Causas judiciales pendientes
Estas circunstancias se unen a la existencia de hasta 16 procedimientos judiciales abiertos contra Canval siendo el de mayor envergadura el iniciado por la Agencia Tributaria en un juzgado de la capital contra la constructora. En este órgano se investiga a Canval por un presunto delito fiscal , relacionado con la venta en 2011 de una participación del 30% en la mercantil una mercantil (están imputados todos los socios y los administradores de esta sociedad junto con otras personas). Se reclama a los imputados como responsabilidad civil la suma de 5.185.265,07 euros.
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