Adiós a los profesores asociados

A los «falsos» asociados, como injustamente , después de tantos años de servicio prestados a las universidades públicas, se les ha etiquetado. La adjetivación porque esta figura contractual, que fue creada por la Ley Orgánica de Reforma Universitaria de 1983 en un intento de desburocratizar el régimen jurídico del profesorado, está prevista para especialistas de reconocida competencia que desarrollen su actividad profesional fuera de la Universidad. La finalidad de sus contratos, según la actual Ley Orgánica de Universidades de 2001 (LOU), será la de desarrollar tareas docentes a través de las que se aporten sus conocimientos y experiencia profesionales. Son contratos temporales (de duración trimestral, semestral o anual), y con dedicación a tiempo parcial. Los sueldos, si los comparamos por ejemplo con los de la figura laboral más alta, la de profesor contratado doctor (1.203,56 € de salario base, más 1.359,65 € de complemento singular por categoría, trienios, quinquenios, sexenios y complementos autonómicos aparte, teniendo una carga docente anual de 240 horas), auténticamente paupérrimo. El profesor asociado que menos gana , con un contrato de 3 + 3 (90 horas), tiene un salario base de 176,56 €, y un complemento singular por categoría de 199,46 €. El complemento de doctorado, proporcional (10,86 €).

La crisis de 2008 se llevó por delante a la mayor parte de los profesores asociados. No había dinero , y sus contratos no fueron renovados. Sin derecho a indemnización, pese a que algunos llevaban más de quince años dando clase. En algunos casos, la pérdida fue irreparable (en mi área de conocimiento, el actual presidente de la Audiencia Provincial ). La docencia, que siempre ha sido la fea del baile frente a la investigación (ahora, con el Estatuto del Personal Docente e Investigador cuyo borrador se está discutiendo, parece que va a tener mayor peso en las acreditaciones), se resintió en calidad , pues esos conocimientos prácticos difícilmente podían ser cubiertos (los profesores universitarios suelen carecer, salvo raras excepciones, de la experiencia práctica que da un trabajo externo a la Universidad).

Pese a la paulatina recuperación económica, continuó la tasa de reposición cero frente a las numerosas jubilaciones que se han ido produciendo. Había que cumplir con la estabilidad presupuestaria y no aumentar el techo del gasto. Añádase a ello que, al menos en mi titulación, la carrera universitaria no es muy atractiva frente al resto de oposiciones, al ser un largo y angosto camino lleno de obstáculos. «¡Me han engañado! / ¡Como a todos!», escuché una vez a un alto cargo universitario. Más la obligada pleitesía al pope o maestro que te pone el tribunal para que, concursando solo, saques la plaza, que ha sido lo que ha generado la endogamia y nepotismo dentro de la universidad española. En muchos casos no ha habido relevo generacional. Pero los alumnos estaban ahí, y había que cubrir su docencia. El actual sistema de reducción de créditos tampoco ayuda (salvo las estrictamente académicas, el resto deberían desaparecer). Se crearon bolsas de trabajo (los PSI o profesores sustitutos interinos) pero, sobre todo, se contrató a mansalva a muchas personas como profesores asociados para sacar las castañas del fuego . Fueron las propias universidades las que, olvidándose del reconocido prestigio, únicamente les pedían tener un trabajo externo o estar al día en el pago de sus cuotas de autónomo. En muchas de ellas se vulneró la LOU, al superarse el número de funcionarios. Son los falsos asociados .

Ahora que los profesores asociados están peleando por un sueldo digno , por la estabilidad y por el reconocimiento de su actividad investigadora (muchos son doctores), y que la crisis del Covid-19 ha hecho que pierdan sus trabajos externos, o que a duras penas puedan sufragar sus cuotas de autónomos, el ministro Manuel Castells pretende, después de su impagable entrega en nuestras universidades, borrarlos de un plumazo bajo el eufemismo «vamos a acabar gradualmente en esta legislatura con la precariedad del profesorado universitario». El panorama es ciertamente sombrío. Me recuerda, cuando aún estaba, a la reforma de 2012 que terminó con los jueces sustitutos y magistrados suplentes . El cáncer de la judicatura española, como alguno señaló, pese a los valiosos servicios prestados por estos profesionales durante tantos y tantos años.

(*) Herminio Padilla es profesor de Derecho Penal de la Universidad de Córdoba.