TRIBUNALES
La acusación particular del caso de La Carlota Chica solicita prisión permanente revisable para los dos encacusados
El Ministerio Público emitirá su calificación de los hechos cuando concluyan unas diliencias solicitadas a la Policía Judicial
El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Posadas ha recibido el escrito de calificación del caso de La Carlota Chica de la acusación particular en el que solicita para dos encausados, un abogado madrileño y un cliente suyo, prisión permanente revisable por un delito de asesinato, al que se le suman estafa y suplantación de indentidad , entre otros, según ha informado a ABC fuentes judiciales.
El órgano instructor tiene ya casi todas claves en el caso del crimen de La Carlota Chica a falta de unas diligencias sobre el volcado de los teléfonos móviles solicitado por el Ministerio Fiscal. No será hasta que se reciban y analicen a la causa estas diligencias por parte de la Fiscalía de Córdoba cuando ésta emita su calificación de los hechos ocurridos en 2017.
Recientemente, el abogado Carlos Arias explicaba a ABC que «las últimas pruebas solicitadas durante la instrucción sobre el rastreo de los móviles confirmaban la localización de al menos un acusado en el lugar del crimen », un extremo que vendría a reforzar la acusación en estos hechos.
Hay que recordar que a trágica historia que acabó con la vida de Juan Carlos, de 45 años , es lo más parecido a un thriller pero en una casa encalada de la pequeña aldea de La Carlota Chica de poco más de 500 habitantes, donde todos saben de todos.
El caso arranca con una desaparición en septiembre de 2017 en Córdoba . La familia denuncia ante la Guardia Civil que no sabe dónde está Juan Carlos, de 45 años, enfermo mental , que vivía solo en esa aldea a poco más de tres kilómetros de La Carlota pero bajo la supervisión de sus hermanos. La Unidad de Policía Judicial comienza las pesquisas para dar con su paradero y recoge testimonios de su entorno. Familia, vecinos, amigos, cámaras de seguridad, rastreo a través de antenas de telefonía, ordenadores, todo bajo lupa.
La familia siempre mostró a los agentes sus sospechas vertidas sobre un conocido de Juan Carlos que venía de Ciudad Real , que le visitaba y que algunos vieron que vestía con sotana . Se trataba de P. G. La víctima lo había conocido a través de un abogado madrileño (también acusado de asesinato por la acusación particular) al que había pedido ayuda porque tenía en su cabeza que «alguien le perseguía». El letrado, conociendo su perfil, le envía un supuesto «detective» de su confianza para que vele por él y descubra quién es esa persona que le sigue pero que en realidad sólo existía en su mente. Este presunto detective se convierte en principal imputado por estos hechos.
Se trata de un individuo oscuro, que en realidad es un estafador en prisión con anterioridad, y en palabras de la acusación particular, « que se gana la confianza de su víctima, conoce detalles de su vida privada , de su paga por enfermedad, de sus tarjetas y de sus ahorros. Y sobre todo, de su vulnerabilidad».
Hasta entonces las sospechas eran sólo eso, sospechas, y el cadáver de Juan Carlos no aparecía. Durante prácticamente un año, no hubo ni rastro del desaparecido. Ni drones, ni georradar aportaban resultados. Pero la familia insistía en que su hermano no podía estar muy lejos. De hecho, estaba enterrado en el huerto de su propia casa, envuelto en plástico, lo que dificultó que fuera detectado por esos sistemas utilizados por la Benemérita.
Una familia pendiente de la víctima
Lo contaba hace poco más de un año a ABC el abogado de la familia, el penalista Carlos Arias, quien aseguraba que el error que cometieron los presuntos asesinos fue que «creían que podrían estafar y aprovecharse de la pensión de este vecino de La Carlota porque estaba solo . Nada más lejos. Su familia sabía cada paso que daba. Estaba cuidado y vigilado, aunque tuviera su propia autonomía dentro de lo que la enfermedad mental le permitía», añadía.
Finalmente, el 2 de agosto de 2018 bajo un montículo del huerto de la parte trasera de su casa de La Chica , muy escondido, los agentes encuentran el cuerpo de Juan Carlos. Los médicos forenses no pueden identificar el cadáver –aunque todo apuntaba a que se trata del propietario de la vivienda– bajo la mirada de uno de sus hermanos que asistió al levantamiento y envían muestras al Instituto Nacional de Toxicología para su análisis. El secreto de sumario sellaba el caso.
Ahora quedaba buscar quién habría cometido este crimen atroz. En esos días de agosto, la autoridad judicial acordó el ingreso en prisión provisional para el presunto asesino, el supuesto «detective» que podría haber sido recomendado por el abogado madrileño a los que les unía una relación laboral abogado-cliente.
Fuentes cercanas a la investigación contaban que esta persona había sido detenida en la provincia de Ciudad Real y que ya se encontraba en prisión por otros hechos, pero en cualquier caso con antecedentes judiciales por estafa y falsedad documental.
Desde la desaparición de Juan Carlos, su presunto asesino había suplantado su identidad , cuenta el penalista Arias. El detenido conducía el coche del fallecido y llevaba encima la documentación de la víctima, con la que había obtenido una suma de 40.000 euros mediante extracciones bancarias . Cada mes cobraban su paga y habían conseguido un préstamo «online» .
El detenido conducía el coche del fallecido, usaba sus tarjetas de crédito e incluso sacó un crédito rápido por teléfono suplantando su identidad
Hasta llegar a ese punto, cuenta el abogado Arias, ha habido una investigación grandísima de la Guardia Civil, y una de las pruebas claves que se aportó, que fue un análisis sobre los ordenadores y los correos electrónicos entre el difunto y el abogado, ha acabado con la imputación del letrado madrileño J. R..
En la última declaración el pasado año por videoconferencia el letrado madrileño se acogió a su derecho a contestar sólo a preguntas de su letrado, pero también accedió a aclarar cuestiones cruciales planteadas por el juez. Lo hizo con memoria «selectiva», a tenor de las declaraciones , no recordando los mensajes de correo electrónico que había en su ordenador sobre este caso, pero dando fechas y horas concretas con detalles que podrían ayudar a su defensa. J.R. negó que pusiera en contacto al estafador y a la víctima , pese a los correos requisados por la Unidad de Policía Judicial que lo incriminan.
En liza, de momento, los dos acusados por el escrito de la acusación particular son P. G., el presunto detective y falso cura que estafó, cometió el crimen y suplantó su identidad (en prisión provisional); J. R., el abogado madrileño que pudo poner en contacto a víctima y verdugo, y que sin su colaboración la acusación cree que los hechos no se hubiesen producido.
Una vez se eleven los escritos del Ministerio Público y luego de defensa, el Juzgado de Instrucción celebrará una vista para transformar en tribunal popular .
Noticias relacionadas
