IU acusa al gobierno municipal de Córdoba de saltarse los controles en obras públicas

El grupo municipal de IU en el Ayuntamiento de Córdoba ha acusado al gobierno municipal, y en concreto a la Delegación de Infraestructuras, que dirige David Dorado (Cs), de saltarse los controles en obras municipales fraccionando contratos que deberían desarrollarse de forma unificada.

La viceportavoz de IU, Amparo Pernich i, explicó que la situación viene de un, a su juicio, intento deliberado por saltarse las alarmas de fiscalización municipal creando obras que pudieran pasar por menores cuando en realidad superan con mucho tales límites. El fraccionamiento de contratos y la certificicación de obras no concluidas son, explicó, asuntos serios.

Pernichi aseguró que el problema radica en dos obras que se quedaron diseñadas en su etapa como concejala de Infraestructuras . La primera era la recuperación de una zona concreta de la avenida de Libia. La segunda era la renovación de todo el alumbrado público.

La primera obra, con un presupuesto superarior a 200.000 euros , salió a contratación sin problema detectado hasta el momento. Es la segunda donde hay, dijo, una presunta irregularidad. En primer lugar, IU detectó que lo que era una obra de alumbrado se había convertido en dos menores con la estratagema de cambiarle el nombre de las calles donde se pretende actuar.

Según la viceportavoz de IU, esas obras de alumbrado se dividieron en dos de 48.000 euros y encargadas por contrato menor (sin competencia abierta) a dos empresas distintas. Una de ellas fue certificada el mismo 30 de diciembre de 2020.

IU acudió a la zona con un notario cinco días después para levantar acta de que la obra seguía su curso. La concejala explicó que los contratos menores no tienen certificaciones intermedidas: se encargan y se dan por recibidas cuando acaba la obra.

Dadas las fechas, explicó, se trata de una situación que se forzó para meter la factura en el año 2020 con el objetivo de poder pagarla sin informar de que se desarrollaba en varios años distintos, lo que elevaría los controles sobre la misma. La concejala explicó que se trata de «uno de los episodios más oscuros de la etapa democrática» e hizo alusión a denunciar el asunto al poder judicial.