ADJUDICACIONES
El abandono de obras en Córdoba deja en suspenso seis proyectos por más de 30 millones
La Ley de Contratos Públicos ya no obliga a tomar la oferta más baja
Desde hace más de un lustro , el paisaje de Córdoba es el de una ciudad con muchas obras públicas paralizadas, edificios a medio construir que un día se empezaron y no se sabe cuándo terminarán y titulares en la prensa que dan plazos y más plazos para el momento en que los trabajos se puedan reanudar. En total, más de 30 millones en seis proyectos. En todos los casos el problema es el mismo: la empresa detiene la obra por no poder acometerla con el presupuesto con que se le adjudicó y pide un modificado que aumente los ingresos y la haga viable. Presuntamente, por haber hecho una oferta demasiado a la baja .
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Uno de los casos paradigmáticos es el Palacio de Congresos , un edificio clave para un sector con mucha actividad que ha tenido que pasar un largo invierno de hibernación. En noviembre de 2013 se celebró allí el último acontecimiento antes de cerrar las puertas para una reforma que tenía que ampliar el salón principal y mejorar todo el conjunto. Tendría que haber estado terminada a finales de 2014 con un presupuesto de 1,3 millones de euros. La firma sólo pudo hacer algo más del 50 por ciento de la obra y pidió la modificación de la obra con más asignación presupuestaria , aunque la Junta de Andalucía le acusó de incumplir el contrato. Como en todos los casos, hubo que resolver primero el contrato y luego comenzar con la licitación y adjudicación del resto de los trabajos, que ahora, cinco años después, casi están finalizados.
En los tribunales
Al mismo sector se dirigía el Centro de Ferias y Convenciones que promovió el Ayuntamiento de Córdoba bajo el mandato del popular José Antonio Nieto , y que sufrió el mismo destino. Las obras comenzaron a principios de 2015 con un presupuesto de 10,9 millones de euros, pero al año siguiente la empresa ya reclamó un modificación que tenía que sumar un millón de euros y se detuvieron. El Ayuntamiento se negó y dijo que no sumaría más de 300.000 euros y se inició una disputa que le llevó a multar a la firma con una suma de 2,4 millones de euros por incumplir el contrato.
En tiempos en que las inversiones del Gobierno central están contadas una de las estrellas era la Biblioteca Pública del Estado , que comenzó a finales de 2014 con una inversión de 12,5 millones. La historia se repitió: se pidió un modificado, pero la cifra en la que tenía que crecer el presupuesto de la obra superaba el 10 por ciento que marca la ley. Era el año 2017 y hubo que volver a licitar y adjudicar la obra.
Mucho más larga es la historia de la antigua Escuela de Magisterio , conocida como la Normal , que el Ayuntamiento quería convertir en equipamiento para los vecinos. Las obras empezaron en enero de 2014 con un presupuesto de casi cinco millones de euros y un plazo de ejecución de 15 meses, pero el modificado se pidió pronto y el Ayuntamiento sólo ofreció que creciera en 350.000 euros. A la empresa no le pareció bien y llevó el asunto a los tribunales. El problema no fue menor: el proyecto se financiaba con los fondos del Plan Urban Sur , y ante el riesgo de perderlo, hubo que destinar ese dinero a otros proyectos en la zona y asumir el resto del coste.
En el nuevo texto hay criterios más importantes que el económico, según los expertos
Cuando se les pregunta a las Administraciones por el motivo que hace que las obras estén paradas, casi siempre culpan a la Ley de Contratos del Sector Público , que obligaba a que en los concursos siempre hubiera que coger la oferta económicamente más ventanjosa. Pero, ¿es realmente así? Jesús Coca , cordobés que ejerce como profesor de Derecho en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla y es además colaborador honorario en la de Córdoba y profesional en la firma Montero Aramburu Abogados, explicó que podía serlo en el pasado, pero no ahora. La ley, como todas, se ha visto sometida a reformas y la actual es al contrario. «En la nueva priman sobre todo la responsabilidad social corporativa y la discriminación positiva , aunque antes sí es verdad que se obligaba a contratar a la oferta más ventajosa», explicó el profesor. La ley actual insiste en que el tema económico es importante, «pero está más en segundo plano ».
La mayor parte de los casos con obras paradas en Córdoba se hicieron con la ley anterior, aprobada en 2011. «Habría que ver cada uno de los casos», afirmó Jesús Coca. Si las anteriores se adjudicaron con la norma anterior, las actuales ya pudieron hacerse con la nueva. Es el caso de las obras del convento de Regina . Se licitaron por 712.283 euros y se adjudicaron por 562.400, es decir, un veinte por ciento menos. La obra ni siquiera empezó .
Las obras se adjudicaron una semana después de que entrase en vigor la nueva ley, con lo cual se pudo haber utilizado un criterio que no sea exclusivamente el económico. En abril se adjudicaron las de la s egunda fase del Templo Romano , con un presupuesto de 338.000 euros frente a los 400.000 con que se había licitado. Empezaron en julio con un tiempo de ejecución de cinco meses, pero se repitió la historia hace pocos días. La empresa ha parado las obras para solicitar un modificado para dotarse de más dinero, con el consiguiente malestar en el Ayuntamiento de Córdoba. El teniente de alcalde de Urbanismo, Pedro García, ha vuelto a recurrir a la Ley de Contratos del Sector Público como argumento para lo que está sucediendo. Con al menos dos elecciones en el horizonte inmediato, pocas de ellas no tendrán que cruzar el periodo de urnas y llegar a los siguientes mandatos.
