20 Noticias | Caso Torreblanca, urbanismo a la carta

El escándalo del «caso Torreblanca», destapado por ABC en enero de 2008, que convulsionó a la Policía Local y provocó una notable tormenta política en el Ayuntamiento gobernado por Izquierda Unida llegó a sentar en el banquillo de los acusados a cuatro agentes de la Policía Local a los que la Fiscalía acusó de manipular y eliminar expedientes y denuncias que afectaban a dos casas promovidas por un matrimonio de agentes que trabajaban curiosamente en el servicio de Disciplina Urbanística -uno de ellos, escolta de la alcaldesa, Rosa Aguilar-. Estos funcionarios levantaron las construcciones ilegalmente en una parcela de Torreblanca, que fue adquirida por ellos, mientras otros dos agentes hicieron la vista gorda .

En esta zona de la Sierra, cercana a las casas adosadas promovidas por Rafael Gómez en la Carrera del Caballo, estaba prohibido edificar hasta que no concluyera su desarrollo urbanístico. No obstante, la investigación judicial no se centró en la infracción por la obra ilegal (que fue sancionada poco después de que ABC destapara la irregularidad) sino en la alteración de las fechas de documentos oficiales que afectaban a las viviendas y la eliminación del disco duro del ordenador de la Jefatura de la Policía Local de más de un millar de archivos sobre ciudadanos denunciados por infracciones similares en la urbanización de Torreblanca.

Pese a la ingente cantidad de documentación, testimonios y periciales durante la fase de instrucción del proceso judicial la Audiencia de Córdoba zanjaba el asunto con un reproche y una sentencia absolutoria para los cuatro agente pese a que el fallo reconocía que las actas habían sido modificadas. «Manipularon documentos de la Policía Local, pero dichos registros no tenían carácter oficial». Esa fue la razón que llevó a la Sección Tercera de la Audiencia Provincial a dictar una sentencia absolutoria para los cuatro agentes adscritos al servicio de Disciplina Urbanística (Línea Verde) procesados. El fallo consideraba que las alteraciones que los encausados efectuaron en el boletín de denuncia que pesaba sobre dos de ellos por construirse una vivienda ilegal en la citada urbanización de la Sierra, no encajaba en el tipo de la falsedad documental . Y es que dichos ficheros, según el tribunal, servían como herramienta de «organización interna», además de que «no estaban conectados con Capitulares».