Infraestructuras
El Pleno de Lucena paraliza la recepción del Centro Tecnológico de la Madera
Los desperfectos y la falta de garantías de que los repare la Junta, principal escollo
Roban y causan importantes destrozos en una empresa del sector del mueble de Lucena
El equipo de gobierno ha paralizado esta semana provisionalmente la ratificación plenaria del acuerdo alcanzado entre el Ayuntamiento de Lucena y la Junta de Andalucía para que el edificio del antiguo Centro Tecnológico de la Madera, en el Parque Industrial Príncipe Felipe, pase a manos municipales.
El pleno debía manifestarse sobre la solicitud a la Agencia IDEA -titular de la parcela sobre la que se asienta el inmueble- de reversión de la misma al Ayuntamiento, al haberse incumplido la condición de destinar esas instalaciones durante treinta años su uso como Centro Tecnológico de la Madera.
Esta es finalmente la fórmula que el Consistorio y la Junta consideraron más idónea para que el edificio pueda pasar a manos municipales y dar oficialidad a la ubicación en el mismo de la Asociación de Fabricantes Andaluces de Refrigeración (AFAR) -que ya lo utiliza como sede en situación precaria- y de actividades formativas relacionadas con los distintos sectores productivos locales.
Roban y causan importantes destrozos en una empresa del sector del mueble de Lucena
A falta de evaluar los daños, todo apunta a que lograron desvalijar la caja fuerte del edificio de administración
Sin embargo, el equipo de gobierno considera que a ese acuerdo le faltan algunos flecos por determinar, principalmente en lo relativo a quién debe reparar los numerosos desperfectos que presentan las instalaciones tanto a nivel exterior como interior.
La edil Teresa Alonso ha justificado la retirada del punto del orden del día tras la reunión mantenida la pasada semana con el delegado territorial de Economía y Hacienda, ya que «no nos pueden garantizar en este momento que se puedan acometer esas reparaciones por parte de la Junta». Según Alonso, «el inicio del expediente de reversión podría condicionar la garantía jurídica para que la propia Junta pueda acometer esta intervención».
