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Huelga | Los Letrados de Justicia se comprometen en Córdoba a «avisar con antelación» de los actos suspendidos
Reunión con abogados, procuradores y graduados sociales para buscar una vía que minimice el impacto de una huelga que continuarán
Huelga letrados de la Administración de Justicia | La Junta de Andalucía, «muy preocupada» por los «daños considerables» del paro
¿Por qué los letrados de la Administración de Justicia están haciendo una huelga indefinida?
El Comité de Huegla de los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) en Córdoba se ha comprometido en una reunión mantenida este lunes en la Ciudad de la Justicia con los operadores jurídicos -Colegio de Abogados, de Procuradores y de Graduados Sociales- «a avisar con la mayor antelación posible» de la suspensión de actos jurídicos -juicios y declaraciones- provocados por la huelga.
El portavoz en Córdoba de la Unión Progresista de Secretarios Judiciales (UPSJ), Antonio García, ha dado a conocer a ABC este acuerdo con abogados, procuradores y graduados sociales así como la decisión que han tomado los LAJ en Córdoba de continuar con la huelga indefinida que ha tenido un seguimiento del 50 por ciento en esta jornada.
La huelga de letrados de la Justicia sigue generando un notable y creciente impacto sobre este servicio público esencial y, según los datos actualizados este lunes, en declaraciones a ABC, suman ya más de 3.500 juicios, declaraciones y otros actos jurídicos suspendidos.
La huelga de los LAJ deja ya más de 2.000 juicios, declaraciones, pagos de pensiones alimentarias y concursos suspendidos
El comité de huelga de los Letrados de la Administración de Justicia que se reúne esta tarde con el Ministerio no descarta continuar el paro si no se cumplen sus expectativas tras el encuentro
Por tanto, la repercusión de este paro, en el que se suman reivindicaciones económicas pero también relativas a su carrera profesional está dejando los órganos judiciales con retrasos de más de seis meses, con juicios por ejemplo, en el orden de lo Penal -que ha suspendido prácticamente todos desde que comenzó la huelga el 24 de enero- que volverán a señalarse a partir del próximo mes de noviembre.
La Sección Tercera de la Audiencia de Córdoba -que hasta ahora había salvado algunos señalamientos con los servicios mínimos- ya ha comenzado a suspender juicios como el previsto este martes 14 de marzo con motivo de la huelga.
García ha matizado que aunque la intención de los LAJ no es fastidiar a nadie, e intentarán dar traslado a las partes lo antes posible de los juicios o actos judiciales señalados habrá ocasiones que haya «sido imposible» por cualquier otra contingencia que les llegue esa suspensión con antelación al día del señalamiento.
En este sentido, también desde el comite de huelga de los LAJ han asegurado, que estarán en contacto con los letrados, procuradores y graduados sociales para evitar que se provoquen contratiempos a las personas más vulnerables como «discapacitados, personas mayores o aquellos que hayan tenido que desplazarse de otras comunidades autónomas«, como ejemplo.
Demandas paralizadas
En cualqueir caso, los LAJ recuerdan que esas cifras sobre vistas supendidas se unen por ejemplo, el hecho de que «no se de trámite a las demandas que llegan por ejemplo al Juzgado de lo Mercantil o a otras del orden de lo Social -que ha empezado ahora a celebrar algunas vistas desde su paralización el 24 de enero con la huelga-.
Estos profesionales participaron en una concentración en la capital dentro de la huelga que vienen desarrollando el pasado jueves y aseguran que es una cuestión de «voluntad política» porque los acuerdos ya estaban aprobados y sólo necesitan que se materialicen de manera urgente.
Otro elemento en el que se deja sentir esta huelga es en el dinero que hay paralizado en cuentas corrientes por sentencias o disposiciones judiciales que no salen adelante por ser competencia de los LAJ. Hace apenas dos semanas, esa cifra en Córdoba era de entre 25 y 30 millones. No ha habido actualización de esa cantidad, pero el portavoz de UPSJ en Córdoba sí advierte de que esa cantidad debe «haber aumentado». «Los servicios mínimos se han ajustado para liberar dinero en caso de pensión de alimentos a los menores u otras circunstancias determinadas como inaplazables pero esta cantidad de dinero retenido sigue siendo altísima«, ha recordado a ABC García.
Servicios mínimos
En este sentido, algunos LAJ ha recorado a ABC que el Ministerio va a «salto de mata, decidiendo sobre la marcha qué servicios son esenciales, por ejemplo si violencia de género sólo lo es en instrucción o también en apelación en la Audiencia Provicial o parcheando, decidiendo que las bodas civiles sí eran esenciales, sin abordar el conflicto de manera integral y definitiva«.
La huelga está suponiendo un gran «retraso» para el sistema de administración de Justicia. «Ya lo dijimos el primer día de paro, cuando vimos el seguimiento», ha recordado García, para luego criticar la actitud del Ministerio de ramo. «No nos la explicamos que no se nos convoque de nuevo», lamenta este responsable del comité de huelga.
Hay que recordar que el pasado 9 de febrero, hace más de un mes, era el Colegio de Abogados de Córdoba el que denunciaba las «graves consecuencias» de esta protesta laboral. «Este paro está provocando un daño totalmente desproporcionado, pues se están suspendiendo innumerables juicios y trámites judiciales, que de por sí ya acumulan un retraso considerable», advertía este colectivo profesional.
Las razones de la huelga
En el origen de este paro están viejas reivindicaciones económicas -hunden sus raíces en 2009 cuando este colectivo de funcionarios asumió nuevas competencias pero sin aumento de sus retribuciones- pero también demandas relativas a su carrera profesional, de cara a su mejora.
En 2022, ya se vivió un episodio de huelga de este colectivo. Pero fueron en tres jornadas de enero y marzo. En abril, iban a continuar con las protestas, pero alcanzaron un acuerdo con la ministra de Justicia, Pilar Llop. Lo fundamental en aquel diálogo fue un compromiso para la mejora de las retribuciones de los letrados de justicia, que finalmente no se materializó.
Mientras tanto, el Ministerio de Justicia sigue sin convocar al Comité de Huelga para negociar una salida justa a este conflicto, «desatendiendo por completo sus responsabilidades como gobierno respecto de un servicio público esencial para los ciudadanos como lo es la Administración de Justicia», según reza en el último comunicado emitido esta semana por UPSJ.
