Equipamientos
La Junta busca empresa para llevar la gestión de la estación de autobuses de Córdoba
Opta por un contrato de cinco años, como máximo, tras la renuncia de la anterior concesionaria a seguir con la dirección del centro
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La Consejería de Fomento, Infraestructura y Ordenación del Terrritorio, competente en materia de transportes, ha puesto en marcha la licitación del contrato para buscar a la empresa que se haga cargo del día a día de la estación de autobuses de Córdoba, un edificio clave para las comunicaciones de la ciudad con el resto de la provincia y con numerosas capitales. El pliego plantea un contrato de cuatro años con derecho a una prórroga de uno más. Corto si se considera que la anterior adjudicataria explotó las instalaciones durante los diez años del contrato más dos de prórroga.
El contrato anterior se firmó en 2013 con una unión temporal de empresas formada por Nex Continental Holdings, La Sepulvedana y Secorbus. Dicha empresa tenía la posibilidad de mantener algunos años más el trabajo en el complejo pero decidió no hacer uso de ese derecho. Desde que se comunicó la intención, la Junta ha mantenido el contrato con las mismas condiciones originales para mantener el servicio público.
La estación de autobuses es un edificio público, inaugurado en 1999 tras el proyecto de César Portela, que los sucesivos gobiernos andaluces han decido no gestionar de forma directa. Los empleados que se ocupan de abrir las instalaciones, mantenerlas o dotarlas de servicios pertenecen a una empresa privada. A cambio, la concesionaria tiene un régimen de tarifas por los servicios que se prestan en el edificio. Desde el estacionamiento de los autobuses hasta el alquiler de espacios interiores del edificio.
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Según las previsiones económicas establecidas en el estudio de viabilidad previo al concurso, la empresa concesionaria puede generar unos ingresos cercanos a los 4,5 millones de euros a lo largo de toda la vida útil del contrato. Siempre según esos números (con la previsión de ingresos y los gastos en los que puede incurrir la empresa para la prestación del servicio), se puede aspirar a un beneficio total cercano a los seiscientos mil euros durante todo el periodo de concesión. Este tipo de estudios de viabilidad previos son una exigencia que realiza la ley para que las administraciones públicas no saquen a concurso la gestión de servicios que supongan una ruina para quien los gana.
Las empresas que opten a este contrato tienen unas tarifas máximas en algunos de los aspectos que tienen que ver con lo que se cobra a las compañías por hacer uso de las instalaciones, el servicio de consigna en taquilla o lo que cobran por aparcar autobuses por franja horaria. Se entiende que tienen libertad para fijar precios en otros conceptos como los alquileres a terceros de espacios de hostelería y comercio. En el terreno de los gastos, la Junta aspira a cobrar un canon de 60.000 euros a lo largo de toda la vida útil del contrato.
Para la asignación de la empresa responsable se han realizado una serie de criterios con el objetivo de premiar las mejoras que superen la simple apertura, cierre, vigilancia y limpieza de la estación de autobuses. Contará más, por ejemplo, introducir innovaciones en la información que recibe el usuario sobre salidas y llegadas, disponer de un plan de atención en varios idiomas, organizar un recorrido específico para las personas que van en silla de ruedas o que tienen problemas psicomotores. También se puntúa específicamente el plan de limpieza e higiene y las inversiones anuales en mantenimiento.
