Provincia
La financiación de los planes provinciales deja sin aprobar las cuentas de la Diputación de Córdoba
SITUACIÓN
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La Diputación de Córdoba no aprobará sus cuentas públicas para 2023, debido a «un cambio de criterio» de la Junta de Andalucía, dijo el portavoz socialista, Esteban Morales respecto a la financiación de los Planes Provinciales, lo que ha provocado una «reconfiguración» de las cuentas que no pudieron entrar en el Pleno de ayer.
Morales dijo que, a pesar de que «viene siendo habitual» y es «compromiso del presidente, Antonio Ruiz, desde el pasado mandato» aprobar los Presupuestos antes de que comience el nuevo ejercicio, «este año no ha podido ser porque no nos ha autorizado la Junta, con un cambio de criterio, de que con un préstamo que iba a pedir la Diputación de Córdoba pudiéramos abordar los compromisos de los Planes Provinciales».
«Durante 30 años, toda la vida de la Diputación de Córdoba, los Planes Provinciales, aquellas obras que se hacen en los distintos ayuntamientos de la provincia», se han llevado a cabo «con fondos de la Diputación obtenidos con préstamos. Estamos hablando de toda la vida de esta democracia», dijo.
Respuesta de la Junta de Andalucía
En este contexto, según afirmó Morales, «este año que tenemos que pedir autorización a la Junta para la solicitud de préstamo, porque estamos en una situación en la que es perceptiva esa autorización», y «nos han dicho que para financiar obras en los municipios no lo podemos hacer», algo que «nos cambia las reglas del juego en el último minuto».
La Junta de Andalucía recordó a la Diputación de Córdoba que «es el Ministerio de Hacienda el que impide que las diputaciones provinciales se puedan endeudar para financiar los planes de inversión de los ayuntamientos».
El Gobierno andaluz recordó al portavoz socialista que «la Diputación solicitó el pasado 17 de junio de 2022 autorización de tres operaciones de crédito por 21,5 millones. La Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos ejerció sus competencias en materia de tutela financiera de los entes locales y, entre otras funciones, autorizó operaciones de crédito en los supuestos previstos en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y de la Ley Orgánica 2/2012». Fue una consulta al Ministerio la que determinó que se paralizase la operación de préstamo solicitada.
