MAC y exbecarios en la Universidad de Córdoba

La sigla MAC, entre otros acrónimos, significa migración altamente cualificada. Lo que comúnmente conocemos como fuga de cerebros o talentos. En junio, el Gobierno aprobó un plan para atraer y retener a estos investigadores talentosos. Agencias e institutos de investigación han visto aumentados sus presupuestos para el año próximo. La finalidad: crear programas que permitan consolidar la carrera profesional de investigadores jóvenes. La reforma, en el mes de septiembre, de la Ley de Ciencia, introduce una nueva modalidad contractual laboral de actividades científico-técnicas de duración indefinida.

En esta línea, las universidades españolas sacan a concurso oposición un cupo cerrado de plazas de profesor titular. Exigen haber finalizado uno de los contratos investigadores más prestigiosos de nuestro país, los Ramón y Cajal, junto a la obtención del certificado I3, creado en 2005 y por el que se reconoce la calidad de la producción y actividad científico-tecnológica que implica una trayectoria investigadora destacada. Así (Acuerdo de Consejo de Gobierno de 18 de diciembre de 2020), la Universidad de Córdoba (UCO) sacó en abril de 2022 dos plazas en las áreas de Ingeniería Química y Química Analítica. Lo que quizás se desconoce es que en nuestra institución de educación superior estos nuevos funcionarios, durante la vigencia de sus contratos Ramón y Cajal, no pueden solicitar trienios, quinquenios, ni sexenios. Tampoco complementos autonómicos.

La negación a pagar los trienios, cuyo derecho al cobro reconoce la normativa comunitaria para personal temporal, ha sido otro de los males endémicos de las universidades españolas. Muy pocas los han pagado voluntariamente, siendo la inmensa mayoría obligadas por nuestros tribunales. En Andalucía, por sentencia de noviembre de 2021 de la Sala de lo Social de su Tribunal Superior de Justicia. Un Real Decreto de 2011 permitió incluir en el Régimen General de la Seguridad Social a las personas que participaban en programas de formación. Paralelamente, también se permitió que aquellos que no habían cotizado, pudieran suscribir un convenio especial que les permitiera el cómputo de cotización hasta un máximo de dos años. Aunque a las exiguas arcas de la Seguridad Social siempre vendrán bien estos ingresos extra, el problema en aquellas fechas no solo fue el escaso número de personas apuntadas (todavía perduraban los efectos de la crisis financiera de 2008, y había una gran desigualdad en las cantidades a ingresar entre los becarios más antiguos y los más modernos), sino que solo se permitía recuperar dos años.

Es el mismo problema que hay en la actualidad. En junio, Yolanda Díaz y José Luis Escrivá presentaban dos propuestas paralelas a la patronal y los sindicatos en las que, nuevamente, podrá suscribirse un convenio especial que permitirá comprar dos años de cotización para mejorar la pensión de jubilación. Lo que olvidan la ministra de Trabajo y el ministro de SeguridadSocial, o no, es que estos investigadores talentosos han estado de becarios más de los habituales cuatro años. En el caso del Catedrático de Bioquímica y Biología Molecular de la UCO, Antonio Rodríguez, que capitanea el grupo 'afectadosbecas' de esta institución, fueron once años entre becas predoctorales, postoctorales y de reincorporación del extranjero, con las consecuencias perjudiciales que a todas luces conlleva.

Volviendo a la MAC, pienso en María, nombre ficticio, y en su historia. Brillantemente doctorada en Biomedicina por la UCO, con publicaciones en revistas de impacto del más alto nivel, ante la imposibilidad de continuar en la UCO pese al dinero invertido en su formación, marcha a Suiza, donde es bien acogida. Contrato de cuatro años y posibilidad de obtener después una plaza fija. A los pocos meses me llama. Me dice que su antiguo jefe del Departamento le ofrece una modalidad Margarita Salas o María Zambrano, primas hermanas de Ramón y Cajal. Aunque resulta feo, le pregunto: ¿cuánto ganas anualmente? Se me nubla la vista, pese a ser el nivel de vida más alto allí que en España. Yo le digo que aquí la UCO está haciendo una interpretación torticera del Real Decreto de 2021: es el trabajador el que asume, frente a lo que dispone la Ley General de Seguridad Social, la obligación de pagar la parte de cuota a cargo del empresario. Por ahora no piensa volver.

Herminio Padilla es profesor de Derecho Penal de la UCO