El juez pide un informe urgente para conocer si el Córdoba CF es viable

El juez de Instrucción número 5 , que autorizó el registro y detención del empresario Jesús León así como su destitución inmediata como presidente del Córdoba CF , ha puesto unas tareas muy precisas a los dos administradores judiciales que, cautelarmente, serán los responsables de la gestión de la entidad hasta tanto se aclare su futuro, Francisco Estepa y Francisco Javier Bernabéu. A ambos se le ha pedido, y de forma urgente, que realicen una auditoría interna (que supera lo meramente económico) de forma que se tenga una imagen cierta de la viabilidad futura del club.

Se trata de un informe estratégico que tienen que expresar las posibilidades que tiene el Córdoba CF de sobrevivir. De seguir en la competición, pagar a sus empleados, realizar una gestión de sus deudas y solventar sus problemas con el fisco. El consejo de administración ya no tiene ningún papel en esto. Sea de quien sea la propiedad de las acciones, serán los administradores judiciales y el juez que lleva el caso los que tomarán las determinaciones últimas sobre el club en tanto estén vigente las medidas cautelares expresadas en la puesta en libertad sin fianza pero con cargos del propietario nominal de las acciones.

Las órdenes del juez a los administradores judiciales son concretas. En primer lugar, se les pide una explicación y evaluación de las cuentas presentadas por los administradores del Córdoba en cuanto «a su consistencia y fiabilidad». En segunda instancia, un inventario del patrimonio de la sociedad. Reclama un informe sobre la situación de las deudas vencidas, líquidas y exigibles que tienen el Córdoba a la fecha de hoy con especial mención a los que adeuda a los trabajadores y a las administraciones públicas. El informe ha de contener una estrategia de recuperación de créditos y las presiones de la tesorería.

Los administradores -que forman una unidad bicéfala en el que hay un experto en Derecho Mercantil y un auditor de cuentas- tiene que emitir una opinión sólida sobre qué posibilidades tiene de subsistir la empresa sometida a esta situación peculiar y, en concreto, qué medidas se pueden tomar para garantizar la misma. Además, se les reclama un documento en el que se establezca la situación laboral de la plantilla, que acumula retrasos acumulados en las nóminas, y una lista de los procedimientos judiciales acumulados o los que se puedan poner en marcha.

Los administradores judiciales tienen la consideración general de auxiliares del juez , que tiene la última palabra en las determinaciones estratégicas. Llevarles la contraria no parece una buena idea. Aunque sean profesionales privados con unos honorarios tasados están investidos de potestad pública delegada -sometida a sus servidumbres- y no tienen que rendir cuentas ante acreedor alguno ni asesorar a nadie que no sea el juez que los nombra.