Córdoba CF SAD

Reclaman 5,3 millones y 15 años de inhabilitación a Jesús León tras calificar culpable el concurso del club

El informe de la administración concursal, al que ha tenido acceso ABC, también responsabiliza a cinco personas más

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El expresidente del Córdoba Jesús León (izquierda, de gris y con gafas) sale del juzgado Álvaro Carmona

P. García-Baquero/J. Gómez

El administrador concursal del Córdoba CF SAD, Francisco Estepa, ya ha remitido al Juzgado de lo Mercantil número 1 de Córdoba la pieza de calificación del segundo concurso de la entidad blanquiverde (un proceso que permitió luego la venta de la Unidad Productiva de la SAD a Unión Futbolística Cordobesa con el apoyo económico de Infinity, grupo inversor de Baréin ). La Administración Concursal ha calificado la declaración del concurso de acreedores del Córdoba CF SAD como «culpable» .

Por este motivo, Estepa, en su escrito , reclama indemnizaciones económicas por valor de más de 6,5 millones de euros en conjunto a cinco de los seis responsables «por daños y perjuicios». Igualmente, solicita al juzgado que imponga a todos «la inhabilitación para administrar bienes ajenos y representar a cualquier persona» por diferentes plazos, según el escrito presentado al juzgado el pasado miércoles 11 de mayo al que ha tenido acceso ABC Córdoba.

La peor parte, lógicamente, se la lleva el que entonces era presidente y dueño del Córdoba CF SAD , Jesús León . La Administración Concursal solicita para el exdueño del club (la Justicia, en primera y segunda instancia, ya ha resuelto que debe devolver el paquete accionarial) una indemnización por los daños causados de más de cinco millones de euros.

En concreto, por un valor de «5,3 millones de euros» . También reclama «la inhabilitación para administrar bienes ajenos, así como representar a cualquier persona, por un plazo de 15 años », según concluye el extenso informe de calificación concursal con más de 50 páginas. Sin duda, otra dura reclamación más para el empresario de Montoro en los tribunales. León era el máximo representante en el sillón presidencial del Córdoba desde el 22 de enero de 2018.

León , en otro proceso penal por su gestión en el Córdoba CF SAD, también está imputado como posible autor cuatro delitos de contenido económico: administración desleal, apropiación indebida, blanqueo de capitales y corrupción entre particulares. Este proceso, que lidera el Juzgado de Instrucción número 5 de Córdoba está en la fase final de la instrucción de la causa, tras dos años y medio desde que fue detenido por la Guardia Civil el 7 de noviembre de 2019 en su residencia en Córdoba.

El expresidente del Córdoba CF SAD Jesús León , en cualquier caso, no es el único responsable, según el informe de calificación. El administrador concursal también entiende que hubo otros cinco responsables de los altos cargos del club que condujeron a la entidad a la declaración del concurso de acreedores. Sin embargo, sólo solicita expresamente indemnizaciones económicas y/o inhabilitaciones, de muchísima menor cuantía y duración temporal que en el caso de León, para otros cinco implicados. Todos ellos fueron consejeros del Córdoba CF SAD o altos cargos del club durante la etapa de León en el club , aunque designados todos a través de empresas del propio montoreño.

Otros responsables

Otro de los principales ‘acusados’ para la calificación culpable del concurso y de la reclamación de indemnizaciones con carácter solidario es Fran de Paula , que fue la mano derecha y ejecutora de muchas de las decisiones de León durante su estancia en el Córdoba como director financiero del club. La reclamación a De Paula (y Grucal Properties, a la que representaba) se eleva hasta los «273.576 euros» y una inhabilitación para administrar bienes ajenos y representación de personas por un plazo de «dos años» .

Otro de los nombres más importantes de los que aparecen como responsables de la calificación culpable del concurso es Luis Oliver . El que fuera director general y deportivo del Córdoba CF SAD durante gran parte del mandato de León en el club, hasta que fue despedido en julio de 2018, aparece como responsable por su labor «como administrador de hecho de la concursada (Córdoba CF SAD) entre el 24 de enero de 2018 al 17 de julio de 2018».

Estepa solicita para Oliver « inhabilitación para administrar bienes ajenos y representar a cualquier persona durante dos años ». Eso sí, no le hace ninguna petición expresa de indemnización. En este caso, la Administración Concursal se remite a que «quedará determinado en el marco del incidente concursal número 19». Es decir, que será la cuantía que resulte del pleito de reclamación de cantidad que ya está en marcha en el Mercantil. La vista se celebró hace apenas unas semanas «sin adicionar mayor perjuicio».

En la pieza de calificación del Córdoba CF SAD también aparecen tres personas más con un carácter residual por el cargo que ocupaban mientras se produjeron algunos de los hechos que describe el escrito (en algunos de los casos ya no formaban parte del consejo de administración en el instante de producirse). Son la exconsejera Magdalena Entrenas , el exdirector general del club Alfredo García-Amado y por último el representante de la Asociación de Veteranos Manuel Garrido .

A Entrenas (como representante en el consejo de Grucal Infraestructuras y a ésta), García Amado (en representación de Reed Legal Group y a esta misma sociedad) y Garrido (como representante en el órgano de administración del club por Aglomerados Córdoba y a esta empresa también), la Administración Concursal les reclama una indemnización con carácter solidario hasta el límite de «273.576 euros» como máximo a cada uno de los tres . Igualmente, les propone en el informe de calificación una inhabilitación para administrar bienes ajenos y representar a cualquier personas por un plazo de «dos años», según finaliza el informe.

El informe de calificación abre un proceso judicial en el que ya le han dado traslado a las partes. Posteriormente, el Ministerio Fiscal también añadirá su petición, que suele equipararse a la solicitud de los administradores. Las partes podrán presentar sus alegaciones y, finalmente, habrá una vista oral para dictar sentencia.

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