CÓRDOBA CF

Córdoba CF | Las claves de la detención de Jesús León

El caso tiene su origen en la fallida construcción de la Ciudad Deportiva del Córdoba CF

Jesús León y Joaquín Zulategui conversan en el estadio El Arcángel en junio de 2018 Álvaro Carmona

R. V. M.

La Guardia Civil ha detenido a Jesús León , presidente del Córdoba CF, tras un registro en varias sitios. Estas son las claves básicos de un proceso que ha provocado un terremoto en el cordobesismo.

¿Cuándo comienza el caso? El Club encargó en 2014, con Carlos González como presidente y a través de su Fundación, la construcción de la Ciudad Deportiva a Grucal, compañía de Jesús León. Si el proyecto no salía adelante, como así ocurrió, la constructora pactó supuestamente el cobro de una indemnización.

¿Qué cargos se le imputan a Jesús León? Apropiación indebida, administración desleal, corrupción y blanqueo de capitales.

¿Qué lugares ha registrado la Guardia Civil? Las oficinas del Córdoba Club de Fútbol en el estadio del Arcángel; los despachos de la Fundación del club, también en el estadio; y el domicilio personal de Jesús León en Córdoba capital.

¿Cuánto dinero es? Lo que Jesús León reclamaba era un millón de euros correspondientes a esa indemnización, que se pagó a si mismo a poco de llegar al club como presidente. De ahí procede la querella impuesta por Zulategui, quien no obstante eleva la cantidad supuestamente apropiada por León a 1,6 millones, incluyendo otros conceptos.

¿Quiénes están implicados? Jesús León, por ahora el único detenido, es el actual propietario y presidente del Córdoba CF. Carlos González tenía los mismos cargos cuado se inició el proyecto de la Ciudad Deportiva, ha declarado como testigo y ha negado que autorizara el pago de la indemnización. Isabel Madueño es la esposa de Jesús León y presidenta de la Fundación Córdoba CF. Joaquín Zulategui es exsecretario del consejo de administración del equipo y fue quien interpuso la denuncia contra León.

¿Por qué se paró la Ciudad Deportiva? Cuando llega al Consistorio el equipo de gobierno de PSOE e IU, tras las municipales de 2015, paraliza la cesión de los terrenos. El Ayuntamieno de Córdoba ganó el caso en los tribunales en julio de 2017, cuando el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía le dio la razón.

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