BATALLA LEGAL CÓRDOBA CF
Los administradores del Córdoba CF destapan posibles delitos e irregularidades de las etapas González y León
Entregan al juez ocho grandes paquetes de supuestas operaciones fraudulentas tras analizar los diez últimos años de gestión
Los administradores judiciales del Córdoba CF , Francisco Estepa y Javier Bernabéu, han revisado y entregado al juez un informe forense, al que ha tenido acceso ABC Córdoba, en el que han detectado irregularidades,a su juicio, en la gestión del club desde 2011 hasta su llegada el pasado 9 de noviembre. El análisis va desde la etapa final de Grupo Prasa, toda la era de Carlos González (Ecco Documática y luego Azaveco) y también la era de Jesús León-Luis Oliver. Las conductas no son calificadas por los administradores, pero el magistrado, a la luz de la descripción de los hechos, podría encontrar infracciones punibles desde el punto de vista penal, civil, fiscal o contable, según los juristas consultados. Serían conductas simuladas o fraudulentas.
El motivo de la revisión está justificado, tal y como detallan en el informe (de 73 páginas), por su obligación de investigar cualquier hecho perjudicial para la sociedad y su obligación de denunciar cualquier posible delito. Además, el límite temporal está determinado porque los delitos, dicen en el documento, prescriben a los diez años. Ahí arranca la revisión. Los administradores no han encontrado anomalías en el tramo de la gestión de Prasa. Apuntan a numerosas posibles irregularidades, algunas de trato mediático en los últimos años pero que jamás habían sido puestas en manos de un juez como ha sucedido esta semana, en las etapas de Carlos González y Jesús León-Luis Oliver. Los gestores judiciales han comunicado las conductas que ven anormales y será el juez quién decida si son punibles o no y en qué condición: civil, penal o ninguna.
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Los ocho millones a costa de González
El primer tema que los administradores judiciales del Córdoba han puesto en cuestión por una posible irregularidad que pudiera tener consecuencias judiciales son los 8 millones que Ecco Documática (ahora Azaveco), la empresa de Carlos González , asumía a su cargo en el contrato de compraventa con Prasa, en junio de 2011, para enjugar la deuda con la que el club entró en concurso y justo a su llegada.
El desglose de los hechos plantea al juez que el Plan de Viabilidad recogió ese derecho de crédito del Córdoba sobre la empresa de González, pero jamás se pagaron esos 8 millones (los administradores lo pidieron vía burofax a finales de diciembre). También apunta que ese crédito a favor del club desapareció de forma reiterada de las Cuentas Anuales. Es la primera vez que un magistrado tendrá que pronunciarse por la relevancia jurídica de esta cuestión que lleva años entre los temas económicos llamativos del club.
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Retribuciones de 1,4 millones superiores
El informe de los administradores judiciales del Córdoba también pone sobre la mesa del Juzgado de Instrucción número 5 de Córdoba que, indiciariamente, podría ser constitutivo de alguna infracción las retribuciones por distintos conceptos de los presidentes de Carlos González, Alejandro González y Jesús León en los años bajo supervisión. También aparecen altos cargos, consejeros y personal de alta dirección.
Los gestores desglosan que hay un descuadre de 1,4 millones de euros entre las cantidades percibidas por éstos por distintos conceptos, según la documentación a la que han tenido acceso en el club, y las reflejadas y admitidas en las Cuentas Anuales del club. Además, detallan que, en algunos casos, no han encontrado actividad que justifique esos pagos. El desglose de esos gastos desvelaría, de forma indiciaria, que algunos gastos soportados por el club no tendrían absolutamente ninguna vinculación con el objeto social del mismo.
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Facturación dudosa y operaciones vinculadas
Otro apartado central del informe forense de los administradores, después de cuatro meses al frente de la entidad, pone en cuestión determinadas facturaciones y operaciones vinculadas del club con empresas de los dueños de la SAD en cada período que tendrían dudosa regularidad. La documentación de los administradores judiciales del Córdoba pone en cuestión principalmente una factura de Ecco Documática de 2012 y otra deAzaveco de 2017.
En el primer caso, cuestionan que se hayan prestado los servicios por los que percibió casi 300.000 euros . En el segundo supuesto, pone en cuestión un descuadre de 206.000 euros , aunque supuestamente habrían sido cubiertos con una factura posterior de Azaveco por servicios al club.
También pone sobre la mesa de análisis del juez el contrato de prestación de servicios de Grucal Properties al Córdoba (salario). Jesús León habría percibido algo más de un cuarto de millón de euros. Dejan entrever que la actividad que sustenta esos cobros difícilmente se pudo realizar.
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Ciudad Deportiva y préstamo de 1,5 millones
Otro asunto en el que han detectado posibles irregularidades y entregan al juzgado es la operación de financiación de la Ciudad Deportiva. Es la primera parte de esta operación. No entra en el análisis del millón de euros que habría salido de las cuentas del club hacia las empresas de León por encontrarse ya bajo investigación judicial. El informe desgrana también toda la operativa del contrato y desvela cómo algunas operaciones, contratos y facturas no tendrían soporte legal, a su entender, en virtud de las fechas en las que se realizaron y el estado de los trámites para la realización de la Ciudad Deportiva.
El caso más llamativo es el préstamos solicitado por el Córdoba a Football Management Sánchez por 1,5 millones para financiar su realización. Aunque luego no se hizo, entienden los administradores que, además, pagó un interés fuera de mercado (más del 15%). Para descifrarlo lo compara con otro préstamo concedido por el Córdoba a la empresa de González Ecco Documática con un plazo de devolución de 10 años y a un tipo de interés del valor del dinero. También censura la reiterada falta de información que debería haber aportado y no aportó para la memoria de las Cuentas Anuales sobre esta operación.
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No debió repartir dividendos
El apartado en el que es más concluyente el informe de los administradores es el caso del reparto de dividendos. Después del paso por Primera y durante la era González , la SAD repartió dividendos por 1,5 millones. Un proceso que puso en duda el Consejo Superior de Deportes (CSD). Sin embargo, salió adelante, por reparos realizados posteriormente en las Juntas de Accionistas, pese a aquella oposición. Los administradores concluyen ahora que «hay cuestiones que debieran haberse reconocido en el patrimonio de ejercicios anteriores, reduciendo significativamente el mismo y, por tanto, impidiendo la distribución de dividendos». Ahora, un juez tendrá la última palabra.
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Descuadre en las taquillas del Córdoba
El informe, ya dentro de la etapa de Jesús León en el Córdoba, revela que también, a la luz de la documentación existente en el club, cree que durante un mes del verano de 2018 clave en los ingresos por taquilla «se genera descuadre» de los importes vendidos y los importes ingresados. El desfase supera ligeramente los 200.000 euros , según revela el informe al que ha tenido acceso este periódico.
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Los contratos con empresas de Oliver
Los administradores judiciales del Córdoba también entran de lleno en las posibles anomalías de los contratos de prestación de servicios de gestión deportiva que realizaron las empresas de Luis Oliver con el Córdoba durante su etapa en el club. Analiza las relaciones contractuales con Sitnosport y Bitton Sport . En líneas generales, la documentación determinaría que cobró cantidades por encima de lo que estipulaban los contratos y que también estaban por encima de los precios de mercado. Igualmente, detecta un pago a Danubio por 100.000 euros cuando al Córdoba llegaron dos jugadores (Gravi y Ghan) que sólo jugaron en el filial con salarios mensuales de 700 euros.
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Pagos sin soporte documental
El informe forense también desvela aquellos casos en los que habría detectado pagos a empresas sin teórico soporte documental, según los administradores. Aparecen, por ejemplo, el conocido supuesto de WACC , empresa de Zulategui. También con Globaltecnia. Igualmente, aparece un pago de 18.000 a Sanivo Abogados , despacho de Entrenas, por «la negociación de El Naranjo». También cuestionan las facturas con Globalia Servicios Corporativos, de la familia González, por unos 90.000 euros.
