La Junta trata de impedir que Alaya investigue las empresas
Recurre el auto de las ayudas a Delphi y lleva al fiscal el consorcio de Almonte
El Gobierno andaluz ha dado un paso adelante para tratar de evitar que la juez Alaya se meta a fondo a investigar cómo funcionan las empresas públicas de la Junta de Andalucía. El Consejo de Gobierno acordó ayer recurrir el auto de la juez Alaya del 23 de diciembre en el que pedía información sobre los mecanismos de control financiero de las empresas públicas, y ha pedido a la Audiencia provincial de Sevilla que lo revoque.
Los argumentos del Gobierno de Susana Díaz son que dicha investigación puede suponer «una causa general» lo cual está expresamente prohibido por la ley, además del «grave riesgo» que supone porque pueden prescribir los delitos investigados que son, ni más ni menos, el fraude de los ERE.
El Gabinete Jurídico de la Junta ha preparado un recurso en el que se explica que dichas empresas públicas —Extenda, Egmasa, Epdasa, Giasa, RTVA y Turasa— ya están siendo investigadas por otro juzgado, el de Instrucción 16, a raíz del caso Invercaria. Entiende, además, que la competencia para esta investigación correría a cargo del Tribunal Supremo o del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. El recurso presentado por el Gobierno andaluz va más allá porque entiende que no hay motivo para extender las investigaciones ya que el origen del fraude está en las ayudas sociolaborales y las ayudas directas que concedía la Consejería de Empleo.
Con este argumento, el Gobierno andaluz pretende circunscribir el escándalo del fraude en el dinero público a la Consejería de Empleo y pretende crear un cordón de seguridad. La investigación de las cuentas y los controles de fiscalización de todas las empresas andaluzas supondría extender el escándalo a toda la Junta.
El recurso presentado ayer ante la Audiencia Provincial recoge también que la apertura de la investigación a las empresas públicas se debe a la denuncia del PP en las personas de Juan Ignacio Zoido y José Luis Sanz, por lo que responde a una demanda de parte.
Delphi
Pero no ha sido el único auto recurrido ayer por el Gobierno andaluz. El portavoz del Ejecutivo, Miguel Ángel Vázquez, explicó que también han recurrido otro auto de la magistrada Alaya en relación a la documentación sobre las ayudas recibidas por los extrabajadores de Dephi. En este caso, Mercedes Alaya pedía información sobre una norma estatal de derecho supletorio, lo que el Gobierno considera que es «una invasión de competencias entre administraciones, lo cual compete al Tribunal Constitucional y no a un juzgado de Instrucción».
La juez reclamó la documentación relativa a la subvención concedida a la fundación Altea Creade en el año 2007 en virtud de un convenio firmado con el SAE. Alaya reclamó los expedientes completos de dos ERE de Alestis Aerospace que afectan a contratos de antiguos trabajadores de Delphi y su industria auxiliar.
A pesar de estos recursos, el portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, aseguró que «colaboramos con la Justicia y exigimos celeridad en los procedimientos porque queremos que paguen los culpables. Trabajamos para recuperar el dinero defraudado».
El Gobierno andaluz también hizo ayer otro movimiento ante los tribunales ya que envió a la Fiscalía el presunto desvío de fondos en el Consorcio para la Formación de Almonte, entidad ya extinguida, que desvío más de 6.000 euros a la compra de regalos y caramelos para la Cabalgata de los Reyes Magos donde salía su gerente.
