La «beca Errejón» obliga a la UMA a informar sobre ayudas similares
La Universidad espera que no se abra una «causa general» contra los investigadores
La rectora de la Universidad de Málaga (UMA), Adelaida de la Calle, compareció ayer en el Consejo Social de esta institución académica y aseguró que se facilitará información de todas las becas de investigación concedidas tras las presuntas irregularidades detectadas en la otorgada al secretario de Política de Podemos, Íñigo Errejón. De la Calle atenderá así la petición realizada por el secretario de Universidades del PP malagueño, Javier Gutiérrez del Álamo, quien en declaraciones a este periódico señaló que los dirigentes de la UMA están «molestos» por la repercusión que el «caso Errejón» ha tenido.
«Evidentemente no se va a abrir una causa general contra todos los investigadores, pero es necesario que haya más transparencias», recalcó Gutiérrez del Álamo, quien consideró clave que la fiscalización de la beca de Errejón, por la que se ha iniciado un expediente disciplinario, se haga extensiva al resto de contratos de investigación suscritos por la UMA.
«En este asunto, más que en ninguno, ha quedado patente la total falta de control y vigilancia de esos contratos, por lo que no podemos descartar que casos similares estén sucediendo y escapen al control de la propia Universidad», agregó en un comunicado.
El dirigente popular explicó que «hemos insistido en preguntar acerca de cuántos contratos están en vigor, cuál es el seguimiento que se hace de los mismos y de su grado de cumplimiento». «Sobre todo porque estamos hablando de recursos públicos, sobre los que hay que tener un control escrupuloso y riguroso de cada céntimo», añadió.
Javier Gutiérrez del Álamo agregó que «no es de recibo que una institución como la Universidad de Málaga se vea salpicada por asuntos de este tipo, que manchan la imagen de toda la comunidad universitaria», para después expresar su deseo de que la documentación solicitada les sea entregada cuanto antes.
Fundación
En el Consejo Social que se celebró ayer en el Rectorado hubo tiempo para otras dos polémicas que afectan a la UMA. La más importante en cuantía económica se desprende de una denuncia presentada por el sindicato CSIF sobre los pagos supuestamente irregulares que la Universidad realizó a la Fundación General de la UMA y a la Fundación ECCUS, registrados entre 2009 y 2011 por un importe total de 3,6 millones de euros.
«La rectora defiende que la Fundación es privada, pese a recibir financiación de la UMA, por lo que he planteado que se estudie la posibilidad de que se convierta en pública» y así, como en cualquier administración, los procesos de contratación de trabajos y servicios se hagan bajo unos parámetros y no se otorguen «a dedo».
Éstas no fueron las únicas solicitud de información, ya que el dirigente popular pidió la aclaración por parte de la rectora de las cantidades que la profesora Amparo Ruiz Sepúlveda, esposa del secretario general de Universidades de la Junta de Andalucía, Francisco Triguero, ha cobrado de la UMA pese a estar en comisión de servicios en Sevilla. Según Gutiérrez del Álamo, De la Calle «se escuda en que esos gastos de manutención y transporte proceden de una partida finalista de la propia Junta de Andalucía, y es ésta la que decide a qué se dedica».
