Envió los ERE al Supremo, impulsó los cursos y reactivó la Madeja
Acaba el año pendiente de que el TS llame a Chaves y Griñán y otros tres exconsejeros y acabando el texto sobre los aforados autonómicos para el TSJA
Intenso. Muy intenso. Así podría definirse el año 2014 que ahora culmina y en el que la juez de instrucción número 6 de Sevilla volvió a ser la protagonista indiscutible de la crónica judicial. Y política. Mercedes Alaya, que acaba el año con un pie en la Audiencia Provincial de Sevilla a la que podría trasladarse después de que haya solicitado una de las cuatro plazas nuevas que se crean en las secciones penales a partir de marzo, subió hasta los peldaños más altos de su famosa pirámide de los ERE fraudulentos.
Pero también fue protagonista por reactivar el sumario de la Operación Madeja o el de los cursos de formación, la última macrocausa abierta y que tiene a su juzgado desbordado de trabajo y a los funcionarios sin levantar cabeza. Estos son algunos de los más importantes acontecimientos del año.
Los aforados al Supremo
Exposición razonada contra Chaves y Griñán
La noticia del año en cuanto al caso de los ERE se producía en pleno agosto. Mientras media España estaba de vacaciones, Mercedes Alaya enviaba al Tribunal Supremo la exposición razonada en la que veía indicios de delito en la actuación de dos expresidentes de la Junta, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, así como cinco exconsejeros. José Antonio Viera, Mar Moreno, Gaspar Zarrías, Carmen Martínez Aguayo, Antonio Ávila, Francisco Vallejo y Manuel Recio eran señalados por la instructora. Hace solo unas semanas se pronunciaba y decidía abrir causa contra los cinco primeros porque son diputados y senadores. Durante todo este tiempo, ha seguido instruyendo un sumario que va ya por más de 200 imputados y está enfrascada en la exposición razonada sobre la participación de los otros cuatro exconsejeros que debe enviar al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
Los cursos de formación
En fase inicial con testigo protegido
Una investigación en fase inicial pero que ya ha dado grandes titulares. La macrocausa sobre las irregularidades en los cursos de formación de la Junta y que se investiga en variass provincias tuvo en agosto su punto álgido cuando fue detenido en Sanlúcar de Barrameda el exconsejero de la Junta, Ángel Ojeda. Cuando la juez Alaya asumió el caso, decidió imputar también al exconsejero de Empleo, Antonio Fernández (también imputado en los ERE). Alaya ha contado con un testigo clave. T.M., funcionario de la Junta que reveló las graves irregularidades en la adjudicación de cursos, la existencia de comisiones (luego matizadas), el descontrol, o el hecho de que no le dejasen hacer inspecciones. Después de que así lo pidiera, convirtió a T.M. en testigo protegido.
Operación Enredadera
El caso que puede ir a la Audiencia Nacional
La trascendencia del caso Madeja, la investigación sobre las irregularidades en los contratos a Fitonovo, fue a mas. El caso que empezó con los supuestos pagos y regalos a exaltos cargos del Ayuntamiento de Sevilla a cambio de contratos irregulares tuvo su punto álgido cuando, tras casi año y medio de secreto del sumario, el 11 de noviembre se producía la Operación Enredadera. Una macrorredada que se zanjó con la detención de una treintena de personas en Sevilla, Córdoba, Jaén, Huelva, Cádiz, Granada, Badajoz, Madrid, Valencia, Zaragoza, Barcelona, Lanzarote y Las Palmas. Hubo registros de organismos oficiales como las diputaciones de Sevilla, Córdoba y Jaén, así como de diversas empresas y domicilios y se puso sobre la mesa la posible financiación ilícita de PSOE e IU. La juez ha pedido al fiscal que se pronuncie acerca de si debe enviar la investigación a la Audiencia Nacional por afectar a varias provincias.
Otras causas
El suelo y el delito societario de Merca
La juez también seguía con otras macrocausas. Alaya ha avanzado en el delito societario en Mercasevilla en el que ha imputado al conseguidor Juan Lanzas. También ha seguido con el caso Betis, ya muy avanzado. En cuanto a la trama del suelo, después de que la Fiscalía hubiera calificado y pedido dos años de prisión para el exportavoz de IU en Sevilla, Antonio Rodrígo Torrijos, y otras diez personas más, la Audiencia dictaba un auto en el que ordenaba a la juez seguir investigando. Un error que subsanaba en unos días volviendo a procesar a Torrijos y a otras quince personas.
Batalla con la Junta
El pulso que no cesa
La batalla entre la Junta de Andalucía y la instructora de los ERE no ha cesado sino lo contrario. Pese a que el Ejecutivo ha ejercido la acusación particular, ha seguido actuando a modo de defensa y ha recurrido los principales autos de Alaya. El Gobierno andaluz ha estado presumiendo de su colaboración con la juez mientras ésta ha tenido que reclamarle en reiteradas ocasiones la documentación que no le llegaba. Uno de los encontronazos mas sonoros, aún sin resolver, es la petición de nulidad que la Junta de Andalucía formuló solicitando además que se apartase a Alaya de la instrucción del caso de los cursos de formación por no haber enviado el tema a reparto y haberlo asumido ella directamente.
Falta de medios
Un juzgado desbordado
Las quejas del juzgados por la falta de medios fueron también una constantes. Alaya presentó varias ante el TSJA y ante la Junta dando cuenta de la sobrecarga de trabajo que soportaba el órgano que dirigía. Pese a tener un juez de apoyo para el reparto ordinario del juzgado, se quejaba de que el órgano que dirige estaba saturado. Y más después de varias bajas de funcionarias. Aunque la Consejería de Justicia ha enviado algún refuerzo, Alaya los considera poco para tanta macrocausa.
Quejas
Investigaciones del CGPJ
La juez también siguió en el punto de mira del Betis que han elevado varias quejas contra ella al CGPJ. La última cuestiona la discrecionalidad en la designación de los administradores judiciales del Betis y su supuesta relación con el marido de la magistrada.
Empresas públicas
La manera de gestionar la Junta
Su último auto pide los detalles del control de la fiscalización de todas las empresas públicas dependientes de la Junta de Andalucía por si su manera de actuar era «paralela» a la de IDEA, de donde salieron todos los fondos para financiar los ERE fraudulentos.
