La rebaja de peonadas, tabla de salvación para miles de trabajadores agrícolas
Organizaciones agrarias, sindicatos y expertos respaldan la medida del Gobierno de reducir la cifra de jornales exigidos para cobrar el subsidio
la decisión del Gobierno central de reducir durante seis meses las peonadas necesarias para cobrar el subsidio y la renta agrarias, de 35 a 20, es una tabla de salvación para miles de trabajadores del campo cordobés. Organizaciones agrarias, sindicatos y expertos apoyan la medida. El motivo esgrimido por el Ministerio de Empleo para ejecutarla es la baja producción del olivar esta campaña, la principal cosecha de la provincia y la que más trabajo genera, tras una temporada 2013/2014 que fue récord en Córdoba.
La previsión es llegar a los dos millones de jornales, menos de la mitad de los generados en las últimas campañas de la aceituna en la provincia. La decisión se toma tras las quejas durante semanas de los colectivos representativos de los empleados agrarios.
El sistema del subsidio del campo nació en 1984 y se aplica en Andalucía y Extremadura. Surgió para mitigar el desempleo estacional agrario en estas dos comunidades, donde este sector tenía (y tiene) gran peso, y los escasos ingresos de muchos trabajadores de esta actividad. A él se sumó en 2003 la renta agraria. Se activó cuando el Gobierno central cerró el acceso al subsidio agrario y activó dicha renta, que da más protección aunque pone más requisitos para gozar de ella.
Para los trabajadores agrícolas, por lo general, el subsidio supone cobrar medio año 426 euros mensuales, mientras que la renta se percibe por el mismo periodo y oscila entre los 426 euros y 569. Para percibirlos, entre otros requisitos, hay que haber sumado 35 jornadas de trabajo en los doce meses anteriores a la situación de desempleo. Ahora bien, ha habido precedentes de flexibilización de dicho requisito, como en 2013, 2010 y 2005.
Había miles de cordobeses pendientes del Ministerio de Empleo. Porque en la provincia en 2013 hubo una media anual (promedio obtenido con la suma de todos los meses del ejercicio dividida entre doce) de 31.569 beneficiarios de estas dos prestaciones. Córdoba es el segundo territorio andaluz con más perceptores. Y el pasado año la merma de los requisitos pareció dar resultado: esos 31.569 beneficiarios son los mismos que se dieron en 2012.
La visión de los expertos
Tras recolectar estos datos, no sorprende la unanimidad que despierta esta decisión estatal entre organizaciones empresariales, sindicatos y expertos. Así, el presidente de la Asociación de Jóvenes Agricultores (Asaja) en Córdoba, Ignacio Fernández de Mesa, calificó la medida de «muy justificada». Recordó que la cosecha de aceituna que se espera es «escasísima» y, en cambio, la mano de obra disponible es «muy numerosa», lo que dificulta que estos trabajadores puedan completar los jornales necesarios.
Una opinión muy parecida mantuvo el secretario provincial de la Unión de Pequeños Agricultores (UPA), Miguel Cobos. Señaló que la reducción de peonadas era «fundamental» para los trabajadores del campo, ya que se estima que el empleo generado en las explotaciones bajará un 60% respecto a la pasada campaña. Su homóloga en la Coordinadora de Organizaciones Agrarias y Ganaderas (COAG), Carmen Quintero, calificó igualmente de «acertado» el cambio realizado por el Ejecutivo central. «No se puede abandonar a su suerte a miles de familias que carecen de recursos», subrayó.
El secretario del Sindicato Provincial Agroalimentario de CC.OO., Rafael Estévez, se mostró igualmente «satisfecho» por la bajada de las peonadas exigidas: «La escasa campaña del olivar causa falta de ingresos en las ya raquíticas rentas de los trabajadores del campo por cuenta ajena». En una línea similar se posicionó la representante de UGT en el sector agroalimentario, María Trujillo. No obstante, ve «difícil» que algunos trabajadores, sobre todo mujeres, lleguen a 20 jornales.
Los expertos consultados por ABC resaltaron la importancia de la medida para aportar ingresos estables a un colectivo vulnerable. El profesor de Macroeconomía de la Universidad Loyola Pedro Pablo Pérez dijo que «facilitará» el acceso al subsidio y la renta agrarias. Ve «lógico» que, cuando las cosechas vengan «cortas» de jornales, reduzcan los requisitos para acceder a las prestaciones buscando «mantener unas rentas mínimas para el sector agrícola, para los que son menos favorecidos dentro de este sector». Así se sustenta la renta de los perceptores, para que las familias «puedan seguir subsistiendo». Pero, puntualizó, «eso no crea riqueza».
Añadió que habrá que observar «cómo evoluciona el número de peonadas», en el sentido de que «cada vez es más difícil conseguirlas», porque con la crisis regresaron al campo trabajadores que lo abandonaron al lograr empleo en otras actividades.
El vicedecano del Colegio de Economistas de Córdoba, Manuel Muñoz, añadió que la reducción de los jornales exigidos hará que «los ingresos de la provincia [por esta materia] sean similares» a los de años pasados. Es decir, siguió, «lo que se compensa es el descenso de la actividad agrícola, medida en términos de salarios». Consideró que «indudablemente» se facilitará que los trabajadores agrícolas cobren la ayuda o o la renta. Y defendió que es «acertado» ajustar los requisitos de peonadas «al potencial de jornales» de las campañas.
Por último, el sociólogo Eduardo Moyano, que ha dedicado parte de sus trabajos de investigación al desarrollo en las áreas rurales, calificó la medida de «acertada, dado el escaso nivel de empleo» que está generando la recogida de la aceituna. A su juicio, es «fundamental», pues estas prestaciones son «una renta de garantía para muchos hogares rurales». Sostuvo que, «dada la cuantía pequeña» de estas prestaciones, «no creo que contribuyan mucho a las economías locales», salvo en pueblos con una población «mayoritaria de trabajadores eventuales agrícolas. En todo caso, es un programa paliativo, que no resuelve problemas, pero mitigar sus efectos».
