Mezquita-Catedral,la baza electoralista
Todo el ruido obedece a intereses de carácter preelectoral centrados en un monumento relevante a muchos niveles
Nadie en Córdoba acierta a explicar cómo la titularidad y uso de la Mezquita-Catedral se ha convertido en la diana de una ofensiva política por parte de la Junta (de sus rectores, PSOE e IU) sin apenas precedentes. Solo la presión socialista en tiempos sobre la extinta Cajasur —caja de ahorros propiedad del Cabildo Catedralicio; el mismo dueño del monumento—, y que terminó con la intervención de la entidad tras sus malos números, recuerda una presión similar. En un territorio donde la tasa de paro alcanza el 36 por ciento, y donde sus pilares económicos pivotan sobre la agroindustria y el turismo. Para más «inri», el templo de referencia de los católicos cordobeses y su monumento Patrimonio de la Humanidad desde 1984 va camino de batir un récord de visitantes este 2014, con más de 1,5 millones. Un motor económico para la ciudad y provincia, sin duda.
Las embestidas del gobierno de Susana Díaz comenzaron en febrero pasado, cuando la propia dirigente socialista cogió las proclamas de una plataforma laica en Internet como bandera de una reivindicación que hasta ahora ninguno de sus antecesores había esgrimido: la propiedad de la Mezquita-Catedral de Córdoba. Y para ello, no tuvo empacho en prometer un informe jurídico que diera solidez a un órdago desconocido. El penúltimo episodio, el protagonizado por el consejero de Turismo de la Junta, Rafael Rodríguez (IU), la pasada Nochebuena, cuando amenazó a la Iglesia con acciones legales si en tres meses no arbitraba un patronato u órgano de gestión compartida con el resto de administraciones en lo tocante al turismo.
Díaz, confesa cofrade, ha reiterado sin argumentos de peso que lo acrediten la búsqueda de un «diálogo» del que resulte una gestión compartida del monumento respetando el culto católico. Apelando a una presunta propiedad «del pueblo» y con unos invitados a la mesa como sus socios de IU que ya han hecho bandera electoralista del asunto. Incluso llevando al Senado la posibilidad de un rezo compartido con los musulmanes de fraguarse la propiedad pública del templo. En lo anecdótico, la presencia de los inconfundibles arcos bicolor en la cartelería de actos preelectorales que la coalición organiza últimamente.
En la Iglesia no dan crédito a lo que está sucediendo, mientras intentan contrarrestar el vendaval con una importante campaña de difusión de las acciones de la Mezquita-Catedral y de su titular, el Cabildo, en el apartado social y de gestión y conservación del monumento. Justo cuando se celebra el 775 aniversario de su consagración como catedral tras la entrega en 1236 del recinto por parte de Fernando III El Santo al entonces obispo de la ciudad. La polémica ha llegado al Vaticano y no se descarta que en las próximas semanas, los obispos del Sur se reúnan con la propia Susana Díaz para intentar parar en seco lo que se considera un disparate.
Hay algunas claves para poder aproximarse a este pasaje no exento de ribetes anticlericales. La primera es la embestida sobre la titularidad. Fue la primera fase de críticas en las que la Junta anunció el famoso informe jurídico. La cascada de argumentaciones históricas, jurídicas (especialmente registrales) y políticas, con una contundente respuesta del exministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón y un informe del Patrimonio del Estado que reconocían la propiedad eclesiástica, ralentizó la presión.
Al taponarse esta vía, las críticas derivaron en las llamadas inmatriculaciones o inscripciones registrales de bienes. El foco de la polémica. La Iglesia inscribió en 2006 la Mezquita-Catedral en el Registro en base a la ley hipotecaria vigente de 1946, modificada por el Ejecutivo de Aznar y que, curiosamente, no cambió Zapatero y ahora ha modificado el Gobierno de Rajoy para equiparar estos actos jurídicos que la Iglesia podía hacer asimilando la figura de sus prelados a un fedatario público. Ahora tendrá que seguir el trámite general, pero sin mayor trascendencia en el carácter registral.
Se acercaban las elecciones europeas y las puertas de instituciones como el Parlamento andaluz se abrían a la plataforma laica cuyos argumentos seguían siendo considerados entre los responsables de la Junta. Llegó la hora del uso y gestión del templo y monumento. La principal exigencia era que desde la Iglesia se estaba ocultando la «huella islámica» de la Gran Mezquita omeya. Especialmente en el uso del nombre del recinto (solo Catedral) como en los folletos turísticos.
Esta nueva vuelta de tuerca omitía por un lado que la edificación de los diferentes califas se hizo sobre la basílica visigoda de San Vicente y que hasta el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero había premiado a los arquitectos conservadores del templo en 2007 por su labor. La Mezquita-Catedral es un monumento único en el mundo, donde perviven estilos arquitectónicos y vestigios de culturas como un libro de historia de la propia ciudad (capiteles romanos o decoración bizantina, entre nervaduras góticas o arcos de herradura).
Ítem más. Hacia junio, la Unesco eleva el reconocimiento universal de la Mezquita-Catedral y vuelve a elogiar la labor eclesiástica como mantenedora del recinto, fundamental, precisamente, para conservar la «huella islámica». En los últimos años, con ayudas públicas en menor proporción, el Cabildo ha gastado unos 20 millones en preservar el edificio, al que ha ido agregando atractivos como una visita nocturna o la subida a la torre. Un uso defendido también por el Ayuntamiento como gran escaparate de la ciudad, y ratificado hasta por operadores turísticos a nivel europeo. Resultado, un año donde por primera vez se rebasará la cifra de 1,5 millones.
Lo curioso del caso es que esta fractura entre lo político y religioso también es inédita. Ejemplos de estrecha colaboración, y sobre todo, reconocimiento del papel y la propiedad de la Iglesia sobre la Mezquita de Córdoba los hay en buen número. Desde convenios firmados por la Junta de Andalucía para rehabilitar zonas del edificio, hasta acuerdos con el gobierno comunista de la ciudad, con Rosa Aguilar al frente, para promover las visitas nocturnas, entre otros. Desde el propio Cabildo, o incluso el Consistorio, se contraponen a la defensa de la gestión pública de IU y PSOE el último caso fraudulento de entradas en la Alhambra, que dirige un patronato público, o la situación que sufre el yacimiento arqueológico de Medina Azahara en Córdoba, en puertas del sello Unesco y cuya responsabilidad recae sobre la Junta de Andalucía, que se enfrenta a una caída de visitantes importante y problemas de promoción.
El reciente ultimátum de la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía dando tres meses al Cabildo para compartir el edificio de su propiedad mete a la Mezquita-Catedral en la precampaña electoral de las municipales puesto que dicho plazo acabaría en marzo y, entonces, llegarían las «acciones legales» con las que ha amenazado el Ejecutivo autonómico a la Iglesia. Tal fuerza cobra esta tesis, que la pasada Nochebuena, el titular de Turismo, Rafael Rodríguez, acudía a la invitación del Cabildo —que ha pedido por escrito este nuevo órdago para contestar a la Junta— con dos altos cargos de la Junta en Córdoba que serán, a su vez, los candidatos de IU y PSOE a las próximas municipales.
