El Gobierno andaluz replica: «A ver de dónde saca tiempo para leer»
Para el PP, el auto ahonda en la sospecha del descontrol de los fondos públicos
La última decisión judicial de Alaya provocó ayer reacciones políticas en el seno del Gobierno andaluz y en el PP con valoraciones encontradas y con las obligadas cautelas que se toman los responsables públicos en asuntos de esta índole. El único miembro del Gobierno andaluz que se pronunció sobre el auto que pide investigar a todas las empresas públicas de la Junta de Andalucía fue el consejero de Justicia e Interior, Emilio de Llera, y lo hizo obligado porque tenía prevista una comparecencia pública con los colegios de abogados de toda Andalucía con la presencia de los medios de comunicación.
Al ser preguntado, Emilio de Llera evitó entrar a valorar el contenido del auto dictado por Mercedes Alaya, con el argumento de que «no voy a valorar ninguna decisión judicial de ningún juez ni tampoco de la juez de instrucción número 6 de Sevilla». Sin embargo, no se quedó ahí. El consejero, que es fiscal en excedencia, aseguró que la juez ha solicitado abundante documentación sobre todas las empresas públicas; «lo que me preocupa es que tendrá que leérsela y a ver dónde saca tiempo» para ello. Esta última apreciación, puntualizó, dijo que la expresaba más «como profesional de la Justicia» que como miembro del Gobierno andaluz. El consejero dijo que no le consta en el auto esté notificado a la Junta y añadió que «no he leído el auto ni pienso leerlo».
Al margen de Emilio de Llera no se pronunció ningún otro miembro del Gobierno andaluz ni tampoco del PSOE a pesar de que tanto el secretario de Organización, Juan Cornejo, como la secretaria general de Sevilla, Verónica Pérez, sí se pronunciaron sobre los datos económicos anunciados ayer por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.
Desde las filas del PP, la secretaria general de Andalucía, Dolores López Gabarro, aseguró que la decisión de Alaya «viene a ahondar aún más en la sospecha de la absoluta falta de control sobre los fondos públicos que ha habido en la última década por parte de los gobiernos socialistas».
Dolores López Gabarro ha explicado que el PP siempre ha denunciado y muchas veces lo ha hecho en sede parlamentaria, que existe una importante opacidad sobre la gestión de los fondos públicos por lo que ha demandado reiteradamente información al respecto que le ha sido negada.
Asimismo, López Gabarro explicó que las sospechas de la juez Alaya sobre la gestión de las empresas públicas también ha sido detectada hace más de un año por otro juez, el que instruye el caso Invercaria y que también está investigando cómo se han gastado los fondos públicos en las empresas dependientes de la Junta de Andalucía.
La vicesecretaria del PP también ha censurado la actitud que tanto PSOE como Izquierda Unida mantienen al respecto y ha negado que haya una causa general contra la Junta.
