Alaya investiga a las empresas públicas de la administración paralela de la Junta
Solicita a Hacienda y a la Intervención los datos económicos para determinar si hay «paralelismo» con la agencia IDEA, que financió los ERE falsos
La jueza Mercedes Alaya quiere saber si todas las empresas públicas de la Junta de Andalucía tenían el mismo modelo de funcionamiento que la agencia IDEA, de donde salieron sin control los fondos que sufragaron los ERE falsos, en un fraude a las arcas públicas que ya van por 855 millones de euros. Y para ello no ha tenido reparos en ampliar la investigación que está llevando a cabo lo que va a dilatar la instrucción de este largo macroproceso judicial. En un auto fechado el pasado 23 de diciembre, la jueza abre un proceso a todas las empresas públicas y solicita a la Consejería de Hacienda y a la Intervención general de la Junta información económica de las mismas durante los años 2005, 2006 y 2007.
Su objetivo es conocer si había directrices marcadas por el Consejo de Gobierno sobre los programas de control financiero de las empresas públicas dependientes de la Junta porque considera que es «especialmente importante» para la instrucción de la causa de los ERE falsos. En concreto, Mercedes Alaya se refiere expresamente a las empresas Extenda, Egmasa, Epdasa (la empresa pública del Deporte Andaluz), Giasa (que ahora se ha reconvertido en la agencia de Obra Pública de Andalucía), RTVA y Turasa (Turismo Andaluz) de las que pide abundante y detallada información económica, añadiendo en su escrito a «cualquier otra empresa pública» porque las irregularidades ya detectadas en IDEA puedan afectar también a los resultados de estas sociedades así como a la clasificación de sus activos y pasivos.
La jueza está buscando «supuestas deficiencias» en la tramitación de los expedientes administrativos utilizados por las distintas consejerías de la Junta de Andalucía para el envío de fondos a estas empresas públicas con el objetivo de eludir la fiscalización previa, para determinar «el paralelismo entre lo acontecido en la Agencia IDEA con lo ocurrido en estas otras empresas públicas».
Por eso, la magistrada quiere los datos económicos, las memorias de las auditorías a las que han sido sometidas, las memorias de las modificaciones introducidas sobre el acuerdo del ejercicio del año anterior así como los acuerdos del Consejo de Gobierno definitivamente adoptados en los ejercicios 2005, 2006 y 2007, por lo que ha solicitado los «expedientes íntegros» de las propuestas de acuerdo de los Consejos de Gobierno. Alaya ya ha requerido otros acuerdos del Gobierno andaluz para su investigación en los ERE.
Empresas ya investigadas
Se da la circunstancia de que las transferencias de financiación a las empresas públicas de la Junta están también siendo investigadas por otro juzgado a raíz del caso Invercaria. En el mes de noviembre de 2013, el juzgado de Instrucción 13 abrió otras nueve causas más para averiguar si las empresas más relevantes —como a las que ahora se refiere Mercedes Alaya, RTVA, Extenda, Turasa o Egmasa— habían utilizado el sistema de transferencias de financiación como método para eludir la fiscalización de los fondos públicos. El titular del juzgado de Instrucción número 16, Juan Gutiérrez Casillas, amplió su investigación por el caso de la sociedad de capital riesgo Invercaria siguiendo las recomendaciones de la Fiscalía Anticorrupción que solicitó la apertura de las nuevas causas para investigar las ayudas concedidas desde el año 2003 a estas empresas públicas.
