polémica sobre la titularidad
Mezquita-Catedral, la baza electoralista
Todo el ruido obedece a intereses de carácter preelectoral centrados en un monumento relevante a muchos niveles
Nadie en Córdoba acierta a explicar cómo la titularidad y uso de la Mezquita-Catedral se ha convertido en la diana de una ofensiva política por parte de la Junta (de sus rectores, PSOE e IU) sin apenas precedentes. Para más «inri», el templo de referencia de los católicos cordobeses y su monumento Patrimonio de la Humanidad desde 1984 va camino de batir un récord de visitantes este 2014, con más de 1,5 millones.
Las embestidas del gobierno de Susana Díaz comenzaron en febrero pasado, cuando la propia dirigente socialista cogió las proclamas de una plataforma laica en Internet como bandera de una reivindicación que hasta ahora ninguno de sus antecesores había esgrimido: la propiedad de la Mezquita-Catedral de Córdoba. Y para ello, no tuvo empacho en prometer un informe jurídico que diera solidez a un órdago desconocido. El penúltimo episodio, el protagonizado por el consejero de Turismo de la Junta, Rafael Rodríguez (IU), la pasada Nochebuena, cuando amenazó a la Iglesia con acciones legales si en tres meses no arbitraba un patronato u órgano de gestión compartida con el resto de administraciones en lo tocante al turismo.
Díaz, confesa cofrade, ha reiterado sin argumentos de peso que lo acrediten la búsqueda de un «diálogo» del que resulte una gestión compartida del monumento respetando el culto católico. Apelando a una presunta propiedad «del pueblo» y con unos invitados a la mesa como sus socios de IU que ya han hecho bandera electoralista del asunto. Incluso llevando al Senado la posibilidad de un rezo compartido con los musulmanes de fraguarse la propiedad pública del templo.
En la Iglesia no dan crédito a lo que está sucediendo, mientras intentan contrarrestar el vendaval con una importante campaña de difusión de las acciones de la Mezquita-Catedral y de su titular, el Cabildo, en el apartado social y de gestión y conservación del monumento. La polémica ha llegado al Vaticano y no se descarta que en las próximas semanas, los obispos del Sur se reúnan con la propia Susana Díaz para intentar parar en seco lo que se considera un disparate.
Hay algunas claves para poder aproximarse a este pasaje no exento de ribetes anticlericales. La primera es la embestida sobre la titularidad. Fue la primera fase de críticas en las que la Junta anunció el famoso informe jurídico. La cascada de argumentaciones históricas, jurídicas (especialmente registrales) y políticas ralentizó la presión.
Al taponarse esta vía, las críticas derivaron en las llamadas inmatriculaciones o inscripciones registrales de bienes. El foco de la polémica. La Iglesia inscribió en 2006 la Mezquita-Catedral en el Registro en base a la ley hipotecaria vigente de 1946, modificada por el Ejecutivo de Aznar y que, curiosamente, no cambió Zapatero y ahora ha modificado el Gobierno de Rajoy para equiparar estos actos jurídicos que la Iglesia podía hacer asimilando la figura de sus prelados a un fedatario público. Ahora tendrá que seguir el trámite general, pero sin mayor trascendencia en el carácter registral.
La «huella islámica»
Se acercaban las elecciones europeas y las puertas de instituciones como el Parlamento andaluz se abrían a la plataforma laica cuyos argumentos seguían siendo considerados entre los responsables de la Junta. Llegó la hora del uso y gestión del templo y monumento. La principal exigencia era que desde la Iglesia se estaba ocultando la «huella islámica» de la Gran Mezquita omeya. Especialmente en el uso del nombre del recinto (solo Catedral) como en los folletos turísticos.
Esta nueva vuelta de tuerca omitía por un lado que la edificación de los diferentes califas se hizo sobre la basílica visigoda de San Vicente y que hasta el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero había premiado a los arquitectos conservadores del templo en 2007 por su labor. Ítem más. Hacia junio, la Unesco eleva el reconocimiento universal de la Mezquita-Catedral y vuelve a elogiar la labor eclesiástica como mantenedora del recinto, fundamental, precisamente, para conservar la «huella islámica».
El reciente ultimátum de la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía dando tres meses al Cabildo para compartir el edificio de su propiedad mete a la Mezquita-Catedral en la precampaña electoral de las municipales puesto que dicho plazo acabaría en marzo y, entonces, llegarían las «acciones legales» con las que ha amenazado el Ejecutivo autonómico a la Iglesia.
