El directivo de ADIF Córdoba suma otras dos denuncias por cohecho y falsedad
Un empresario denunció a Finch por demandarle determinadas cantidades de dinero e inventarse un documento para justificar dichas irregularidades
El escándalo de la trama «Enredadera», una presunta organización criminal dedicada a pagar comisiones (según el sumario judicial, 1,8 millones) a una veintena funcionarios y cargos públicos a cambio de beneficios en la adjudicación de contratos públicos a la empresa sevillana Fitonovo, no es el único que ha salpicado de lleno al exdirectivo del Administrador de Infraestruturas Ferroviarias (ADIF) en Córdoba José Enrique Finch. El técnico, al que los investigadores acusan de haber cobrado un millón de euros en comisiones durante casi una década (la mayor «mordida» de todas las detectadas), tiene dos querellas en los tribunales: una por un presunto delito de cochecho y en la segunda se le acusa de falsedad documental.
Ambas denuncias, interrelacionadas, fueron interpuestas mucho antes de que se destapara su inculpación en el caso «Enredadera». Fue un empresario el que hace varios años demandó al exdirectivo por obligarle a que le diese dinero, según ha podido saber este periódico. Para probar dicho extremo, la supuesta víctima consiguió grabar a Finch reclamándole diversas cantidades y presentó las filmaciones como prueba en el juzgado, que todavía está instruyendo el asunto.
Por su parte, la segunda acusación, que considera al técnico del ente ferroviario autor de un delito de falsedad documental, mantiene que, tras la primera querella, Finch ideó un escrito —para lo que manipuló los registros informáticos de ADIF— que justificaba la petición de las citadas cantidades al industrial.
Por estos hechos, el exdirectivo fue rebajado hasta dos veces de empleo en ADIF por su supuesta implicación en actividades irregulares que todavía se dirimen en los juzgados.
Así, pese a haber ocupado el cargo de gerente y de jefe, cuando fue detenido por su presunta implicación en la red de Fitonovo, era técnico raso. Aunque fue enviado a prisión a principio de noviembre, consiguió reunir la fianza de 250.000 euros que le impuso la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, y abandonar la cárcel.
Según el sumario del caso «Enredadera», al que ha tenido acceso ABC, tras levantarse por completo el secreto de las actuaciones, habría recibido la monumental mordida de 1.004.624 euros del también imputado Juan Andrés Brugueras, director comercial de Fitonovo, «en concepto de dádivas y regalos por la conducta de favorecimiento de éste a la citada empresa en la contratación, elaboración de informes y en la ejecución de los contratos desde el 14 de octubre de 2003 hasta el 16 de junio de 2012».
Regalos
«El pago al señor Finch —recoge el expediente— se realizaría a través de la empresa Viveros San Rafael, cuyo consejero delegado sería Rafael E.Z. (también imputado) que cobraría el cohecho descrito». Esta firma, según mantiene Alaya, emitiría una factura falsa a Fitonovo, que «realizaría el ingreso de dicha cantidad y posteriormente, al directivo de Adif, indiciariamente concertado con dicha empresa, se llevaría la base imponible de la referida factura, quedándose Viveros San Rafael el importe del IVA».
La «tajada» que, supuestamente, se llevó Finch fue mayor, ya que «habría adquirido de Fitonovo dos vehículos, un Volkswagen Golf y un Jeep Gran Cherokee, pagando la empresa los seguros de ambos coches durante varios semestres, cuando los mismos ya pertenecían al directivo y a su esposa». Alaya considera que los hechos «podrían ser constitutivos de delitos continuados de prevaricación, malversación, cohecho, falsedad documental y asociación ilícita».
Además de Finch, hay otras cuatro personas más que fueron detenidas en Córdoba hace un mes por los investigadores del caso, si bien ninguna llegó a pisar la cárcel, aunque todas se encuentran en libertad con cargos.
Otros inculpados
Por un lado, un mando intermedio de la empresa ferroviaria en la provincia, L. M. R.. En 2007 y de 2009 a 2012, habría recibido, en concepto de dádivas, 22.904,20 euros, según los documentos que obran en poder de Alaya. Además, hay otros tres inculpados vinculados a empresas.
Además, aunque no fue arrestado, sí que se encuentra igualmente imputado un funcionario del servicio de Conservación de Carreteras de la Diputación cordobesa. Estaba en el punto de mira desde que arrancó la investigación, puesto que su firma figura en varias de las certificaciones de obras con las que se les daba validez a los trabajos adjudicados a Fitonovo en el mantenimiento de las carreteras dependientes de la Diputación Provincial.
