La familia de Soledad Donoso lamenta el archivo del caso
Aseguran que esperaban que la Audiencia mantuviese abierta la instrucción
La familia de Soledad Donoso, la joven cordobesa cuyo cadáver fue hallado junto al río Guadalquivir en la capital hace más de 22 años, lamentó ayer que la Audiencia Provincial haya acordado el sobreseimiento de la causa, tras el recurso planteado por la familia ante la decisión del Juzgado de Instrucción número 7 de Córdoba de archivar el caso sin procesar a nadie.
Desde la familia, señalaron a Europa Press que «esperaban otra noticia», al tiempo que aseguran que «no ha sentado muy bien» tener que enterarse por los medios de comunicación de la decisión, puesto que, según aclaran, a ellos todavía no les han notificado «nada», de ahí que apunten que una vez que reciban la notificación oficial en próximos días la analizarán.
La Audiencia acordó concluir el sumario sin procesamiento en un auto que es firme por lo que ya no cabe recurso alguno, explicaron fuentes judiciales. Al respecto, la Sección Tercera de la Audiencia reconoce que «no hay pruebas suficientes para procesar al único sospechoso por esta causa».
El Juzgado de Instrucción 7 ya emitió un auto de conclusión del sumario sin procesamiento, después de que no pudiera determinar la intervención de una persona concreta en el crimen. Ante ello, la familia recurrió la resolución ante la Audiencia, después de aportar una prueba como es la presunta identificación y localización del vehículo que supuestamente utilizó el único imputado en los hechos, R.C.G., conocido de la víctima.
La abogada de la familia, Penélope Castejón, ya puso de manifiesto su «sorpresa» ante la decisión judicial, de hecho aseguró que «lo más normal es que no quieran seguir adelante, porque con tantas preguntas sin respuestas y pruebas perdidas no les gustaría que siguiéramos pensando que los trabajos que se realizaron en su época hayan sido sobre todo imprudentes».
El dictamen de la Audiencia pone fin a un largo proceso judicial que vivió una segunda fase después de que se reabriera la causa en el año 2012 y la juez imputara a R.C.G.. La familia trabajó con expertos para evitar que el crimen prescribiese conforme a los plazos legales.
