La espada de Damocles del aeropuerto
El dinero gastado ya no tiene remedio pero el Ayuntamiento aún ha de pagar su parte de las expropiaciones, unos 17 millones de eurosSolamente la política ha paralizado una cantidad que sigue abierta con la futura salida a Bolsa de AENA como amenaza muy relevante
La dureza del informe del Tribunal de Cuentas de la Unión Europea contra la decisión de invertir 80 millones en el aeropuerto de Córdoba ha lanzado la habitual catarata de declaraciones de la clase política que, en todos los casos, asegura no tener la culpa de la inversión realizada. La realidad es que aquella determinación, adoptada en años en que se pedía todo y dos huevos duros más, esconde aún un problema de dimensiones relevantes para las arcas municipales.
Constituye, además, uno de esos asuntos que surge cuando nadie lo esperaba en forma de herencia recibida. En este caso, del gobierno municipal que decidió participar en la financiación del proyecto del aeropuerto y del actual equipo, que decidió buscar las simpatías necesarias en Madrid para darle una patada adelante al asunto antes que trastocar toda su programación económica.
Resumiendo, el Consistorio tiene que pagar aún los 17 millones de euros que son su factura de la ampliación del aeropuerto. El 17 por ciento de la financiación de las expropiaciones necesarias —precisamente, la de los suelos con mayor número de viviendas— se abonaban con dinero municipal, algo que nunca ocurrió por diferencias entre las partes.
El Consistorio ya ha dicho muchas veces que no piensa pagar sin pasar por los tribunales y tampoco Fomento ha realizado declaraciones públicas exigiéndolo. El hecho de una ministra popular, Ana Pastor, y un alcalde del mismo partido permiten engrasar las conversaciones. La realidad es que, en el futuro, nadie sabe qué ocurriría en el supuesto concreto de que esa unidad política no se produjese.
Opiniones negativas
El Consistorio pidió en su día opiniones técnicas sobre si puede zafarse de la deuda y lo cierto es que el gobierno municipal recibió unas proyecciones muy sombrías sobre un futuro pleito. El argumentario municipal era sencillo. AENA había dispuesto el procedimiento de expropiaciones de manera unilateral, sin un proyecto consensuado con el Consistorio, y había pagado mediante negociaciones bilaterales con los propietarios de fincas y parcelas. En ese supuesto, el gobierno municipal pretendía alegar el incumplimiento del convenio.
El análisis legal aseguraba, sin embargo, que existían muy pocas opciones de que esa línea prosperara. Las operaciones de compra de terrenos se realizaron de forma manifiestamente pública y las propias autoridades municipales de aquella etapa presionaron a AENA para que pagase precios de mercado con el objetivo de garantizar la paz social.
Tanto Fomento como el Ayuntamiento han optado por dejar pasar el tiempo. Pero la deuda nunca se llegó a anular ni se alcanzó acuerdo alguno que significase su pago diferido. AENA, además, se encuentra en un momento especialmente delicado. Distintas circunstancias han paralizado el proceso, aunque la realidad es que antes o después se producirá una Oferta Pública de Venta del 49 por ciento de las acciones del operador aéreo. Grandes grupos, como Ferrovial, apuestan por adquirir paquetes relevantes que le permitan, en el futuro, el control directo. Antes de llegar a eso, AENA tiene que someterse a un complejo procedimiento de auditoría con el objetivo de que, quien compre, no se lleve sopresas. Y las deudas pendientes de cobro tienen que reflejarse obligatoriamente. Está previsto que eso ocurra el próximo mes de febrero.
