LOS PRESOS DE ETA FRACTURAN AL SUPREMO
El aplazamiento hasta enero sobre la libertad de presos etarras acordado por la Sala Segunda no es la noticia que esperaban las víctimas y la mayoría de la sociedad española
LA Sala Segunda del Tribunal Supremo ha aplazado hasta el 13 de enero próximo su decisión definitiva sobre el recurso del etarra Kepa Pikabea a fin de que este preso y el Ministerio Fiscal se manifiesten sobre la posibilidad de que su condena en Francia sea tenida en cuenta para reducir el tiempo que aún le resta pasar en prisión. El problema legal es si la ley Orgánica 7/2014 –que incorpora al ordenamiento español una normativa europea sobre sentencias penales– puede impedir el beneficio que pretende el terrorista Pikabea. Esta cuestión no estaba planteada en los escritos del fiscal y del etarra, y el Supremo no ha querido causar una indefensión que diera pie al Tribunal Constitucional a anular lo decidido.
Sobre la cuestión de fondo, los magistrados mostraban una división que, quizá, de haber forzado una votación, hubiera arrojado un resultado más preocupante que el del aplazamiento. Al menos Pikabea, que era de quien se ocupaba ayer el Supremo, sigue en prisión. El aplazamiento acordado por la Sala Segunda no es la noticia que esperaban las víctimas y la mayoría de la sociedad española, y no pocos interpretarán que genera un vacío que van a aprovechar ciertos magistrados de la Audiencia Nacional para seguir excarcelando etarras. La unanimidad de los magistrados de la Sala Segunda lleva a pensar que el aplazamiento era la única opción técnicamente posible, pero los argumentos técnicos no van a compensar la decepción de las víctimas. Hay que confiar en que los servicios de información de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado conozcan los movimientos de estos asesinos y puedan asegurar su vuelta a prisión, si es lo que finalmente decide el Tribunal Supremo.
Por prudencia y respeto a las víctimas y a la trascendencia legal de este asunto, la Audiencia Nacional no debería resolver ni una sola nueva petición de excarcelación hasta que la Sala Segunda del Tribunal Supremo decida definitivamente el 13 de enero. Entre tanto, el problema sigue estando donde estaba, es decir, en la inverosímil situación de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, cuyo pleno fue incapaz de establecer una pauta común sobre la cuestión, dejándolo todo en manos de la secciones inferiores. Cabe recordar la sorprendente prisa que se dieron los magistrados de la Sección Primera de ese tribunal para poner en libertad a unos cuantos etarras, justo veinticuatro horas antes de que entrara en vigor una ley que lo habría impedido. Ahora es exigible que apliquen la misma celeridad a la tramitación de los recursos de casación del Ministerio Fiscal contra las puestas en libertad de «Santi Potros» y otros asesinos que quieren beneficiarse de nuevas rebajas, después de la derogación de la doctrina Parot por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
