El juez rechaza la prisión provisional para Rato por no haber riesgo de fuga

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu rechazó ayer acordar prisión provisional sin condiciones para Rodrigo Rato, el expresidente de Bankia entre 2010 y 2012, al calificar de «improcedente» la petición que hizo la formación política UPyD, acusación popular en el proceso que investiga las supuestas irregularidades en la fusión y salida a Bolsa de la entidad.

Esta medida cautelar fue solicitada por UPyD por considerar que existe riesgo de que Rato se fugue de la Justicia y por la gravedad de los delitos que se le atribuyen. Andreu, quien entiende que no se cumplen los requisitos para adoptar esta medida, reprocha a la acusación que impulsó este caso afán de «notoriedad» por solicitar la medida.

El auto del magistrado, al que ha tenido acceso ABC, afirma que esta petición no procede porque no existen «datos objetivos» que justifiquen «la existencia de riesgo de fuga, ni de obstrucción a la acción de la Justicia, ni de reiteración delictiva».

Aunque el magistrado considera que existen indicios «fundados y racionales» de que Rato podría haber cometido supuestos delitos societarios y contra el mercado y los consumidores, argumenta que siempre «ha estado a disposición» del Juzgado cuando ha sido llamado. Según Andreu, los fines de una medida cautelar «no pueden ser los de anticipar el cumplimiento de una hipotética condena, ni menos aún la obtención de notoriedad por parte» de quien solicita la decisión.

UPyD pidió la prisión provisional después de que se conocieran los informes de los dos peritos del Banco de España que han trabajado para Andreu. Ambos cuestionaban las cuentas de Bankia de 2010 y 2011 y su salida a Bolsa.

El magistrado también recuerda que la adopción de esta medida se debe llevar a cabo en una comparecencia cuya celebración se deja a criterio del juez, una audiencia que no pidió la formación política.

En el mismo auto, el instructor del caso Bankia rechaza imponer una fianza de 4.112,36 millones de euros para todos los imputados del caso con el objetivo de asegurar sus posibles responsabilidades pecuniarias. Andreu explica que una acusación popular, como UPyD, no puede pedir esta medida porque no fue perjudicada por los hechos investigados. No tiene «legitimidad» para ello, como sí tendría una acusación particular.