El auditor de la UE censura los fondos destinados al aeropuerto
Publica un informe esta semana que censura el dinero que se remitió a la obra
El Tribunal de Cuentas de la Unión Europea ha realizado un informe muy crítico que censura los fondos comunitarios invertidos, entre otros, en la ampliación del aeropuerto de Córdoba, según adelanta el semanario alemán «Der Spiegel». El reportaje, citado por EFE, asegura que España constituye el caso más flagrante de derroche de las multimillonarias ayudas europeas destinadas desde el año 2000 a la construcción de aeródromos.
En España se citan dos casos, el de Fuerteventura y el de Córdoba. En el caso del equipamiento local, el Gobierno recibió 13,5 millones de euros de ayudas públicas para la inversión de 85 millones de euros. El artículo asegura que la «ultramoderna» pista de aterrizaje sólo recibe 130 pasajeros semanales y que la caída ha sido relevante desde 2009 a 2013.
Sin beneficios
En términos generales, el documento señala que los beneficios para los viajeros en muchos lugares «no son cuantificables ni demostrables» a pesar de que las inversiones para la mejora de aeropuertos europeos desde el año 2000 ascienden a un total de 4.500 millones de euros. El informe reparte las culpas, asegura la agencia EFE, entre políticos con delirios de grandeza y la ausencia de una planificación.
«Se fomentaron demasiados aeropuertos y los proyectos en muchos casos eran sobredimensionados», señalan los auditores al referirse a las instalaciones principalmente en regiones estructuralmente débiles de Europa. El informe no se publica hasta mañana oficialmente, según la prestigiosa publicación alemana. La auditoría ha estudiado el caso concreto de cinco países europeos, cuatro de los cuales son España, Italia, Grecia y Estonia. En el caso de Fuenteventura, explica que se realizaron actuaciones para incrementar la capacidad operativa del aeródromo muy por encima de las posibilidades reales. Parte de la nuevas partes de embarque se cerraron tal y como acabaron de construirse.
Un empeño político
La ampliación del aeropuerto de Córdoba constituye un empeño político que arrancó hace dos décadas y fructificó en la pasada. Tras innumerables negociaciones, el Ministerio de Fomento y el Ayuntamiento de Córdoba —en tiempos de Magdalena Álvarez y Rosa Aguilar— pactaron el primer convenio para la financiación de las actuaciones. Fomento y el Consistorio se dividían el coste de las expropiaciones, que se elevaron al final a 38 millones, 17 de los cuales corresponden a la institución municipal, que no está de acuerdo con su pago.
El presupuesto fue tan alto por varias cuestiones. La primera, cumplir las normas de seguridad aérea. La segunda, garantizar la paz social entre los parcelistas pagando precios de mercado. Muy pocos de estos procedimientos de adquisición de suelo han acabado en los tribunales por las altas cantidades que se abonaron.
La operación nunca fructificó. Ni los estudios de viabilidad eran correctos —se planteaban decenas de miles de viajeros al año gracias a las compañías «low cost»— ni el plan director del aeródromo llegó nunca a desarrollarse. En estos momentos, las instalaciones cuentan con una pista ampliada que no puede utilizarse en su totalidad porque nunca se soterró una línea eléctrica peligrosa para las operaciones aéreas. Además, se incumplen las determinaciones tecnológicas puesto que las instalaciones no disponen del sistema que permite a los pilotos realizar las maniobras de aproximacion por medio de la información que reciben en la cabina del aparato.
