Los abogados celebran su acto anual pidiendo medios para la Justicia

Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Juan González Palma clausuró la última fiesta del Colegio de Abogados de Lucena en la que intervino como decano con la lectura del primer artículo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El letrado finalizará el próximo 31 de enero una etapa compuesta por 34 años ininterrumpidos como miembro de la junta de gobierno de la corporación, catorce de ellos como principal responsable.

El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, se desempeñó como padrino de honor de aquellos que se incorporan a la institución. González Palma, a modo de despedida y siempre utilizando el plural, consumó su deseo de «evitar el peligro de incurrir en la vana, presuntuosa y arrogante gloria narrando lo acontecido en estos pasados años». Por el contrario confesó «amplias zonas de insatisfacción» por «lo no logrado».

Entre los retos pendientes, citó la concesión de un órgano judicial más para Lucena —de los dos perdidos cuando accedió al decanato solo se ha recuperado uno—, la presencia de magistrados en la localidad o la construcción de un juzgado de lo penal con jurisdicción extendida a varios partidos. «No pudimos o no supimos, o ambas cosas, plantear las peticiones con el tesón y el acierto necesarios», dijo el decano, quien reclamó la construcción de un edificio judicial para Lucena y consideró que las tasas «son un vergonzoso impedimento». «Los juzgados y tribunales se alivian creando cuantos órganos sean necesarios con dotación de plazas y medios», sentenció al término de un alegato vehemente.

El fiscal general del Estado les dijo a los nuevos colegiados que «abren la puerta a la colaboración activa en la noble pero difícil tarea de hacer justicia, asegurando las libertades y derechos fundamentales de los ciudadanos». Para ello, estimó fundamental la utilización de los «saberes jurídicos» para ejecutar «el principio del pacto social que hace posible el Estado de Derecho que proclama y exige nuestra Constitución a la que todos, sin ninguna diferencia y distinción, debemos lealtad y respeto».

Se produjeron diez juramentos. Eduardo Torres-Dulce les habló de «moderación y lealtad», algo que, según su opinión, «compete a todos», sobre todo, «cuando se trabaja para que la justicia sea igual para todos». Se entregaron los respectivos diplomas a los letrados que han cumplido 25 años incorporados al Colegio.