ACUERDO SIN CHANTAJE EN INTERNET
El peligro para la libertad de información no procede de la nueva Ley de Propiedad Intelectual, sino del control casi absoluto que ejerce Google en las búsquedas de contenidos
CONVIENE dejar claro que ni el Gobierno ni la nueva Ley de Propiedad Intelectual han obligado a Google a cerrar su servicio de agregación de noticias en España. Se trata de una decisión voluntaria de esta empresa como respuesta al reconocimiento por la citada ley del derecho de las empresas editoras a recibir una contraprestación económica por la difusión de sus contenidos a través de canales como Google News. La explicación ofrecida por este gigante empresarial de la red es que no obtenía ingresos por el servicio de noticias y que el pago del canon a los editores lo haría inviable. La explicación no es convincente porque una cosa es no tener ingresos directos por ofrecer información agregada y otra muy distinta es no obtener beneficios de ese servicio como un valor añadido de la oferta global de Google a los internautas. Es, por tanto, una medida unilateral, injustificada y con toda la intención de ser una nueva exhibición del dominio que esta empresa ejerce en la navegación por la red de redes.
El conflicto entre Google y los editores debe hallar su solución en un equilibrio de intereses, porque para unos y otros es beneficioso el acceso de los medios de comunicación españoles a través de internet, más aún por medio de un servicio de agregación de noticias. La mejor opción es, sin duda, un acuerdo bilateral que no tenga posiciones de partida inasumibles. Sin embargo, es Google quien ha roto la baraja sin que la ley española le sirva de coartada, porque la cuota que prevé esta norma no es más que el reconocimiento, irrenunciable, al resultado de un trabajo de profesionales y empresas de la información, tan digno y protegible como cualquier otra actividad intelectual.
El problema que desvela Google con su decisión de apagar el servicio de noticias en España trasciende nuestro país y emplaza a la Unión Europea a buscar una solución conjunta, igualmente conveniente para Bruselas, que investiga a la empresa estadounidense por prácticas monopolísticas. No basta con que los editores alemanes alaben, como han hecho, la nueva ley española. Es necesario que la UE proponga la racionalización de la difusión de contenidos informativos, muy costosos para quienes los elaboran. El telón de fondo no es otro que el derecho de los ciudadanos a acceder libremente a la información en internet, sin el veto de quienes la canalizan. El peligro para esta libertad no viene de la nueva Ley de Propiedad Intelectual, sino del control casi absoluto que ejerce Google en las búsquedas de contenidos por la red en España, nada menos que el 96 por ciento. La reciprocidad es la clave del futuro para los protagonistas de internet. Ni los que crean los contenidos informativos ni los gestores de búsquedas deben renunciar a esa fórmula de colaboración.
