LA ÚLTIMA DE PEDRO SÁNCHEZ
Es fácil lanzar un libelo contra las nóminas más altas de la función pública, pero si los ciudadanos quieren contar con profesionales eficaces en la Administración del Estado la solución no es bajarles el sueldo
LA publicación de las nóminas de políticos y altos cargos de la Administración Pública ha sido recibida con disparidad de reacciones, sobre todo en relación con las sensibles diferencias que existen entre cargos iguales de distintos ministerios o entre el presidente del Gobierno y presidentes de entidades públicas. Ciertamente, las diferencias son llamativas y muchos ciudadanos se preguntan, con razón, por sus causas. Menos razonable es que el secretario general del Partido Socialista, Pedro Sánchez, también encuentre en esta ocasión una nueva oportunidad para desplegar su argumentario demagógico. Sánchez pide que los altos cargos que cobran más que Rajoy se bajen el sueldo, a la vista de que hay funcionarios en cargos de alto nivel que cobran más que el presidente del Gobierno. La cuestión de los salarios públicos puede ser enfocada desde muchos ángulos, pero entre ellos no debería estar el populismo, menos aún en un momento histórico en el que los ánimos contra la clase política están encendidos y reaccionan a la más mínima provocación.
El líder socialista debería saber que la inmensa mayoría de los altos cargos son funcionarios —no políticos—, muchos de ellos miembros del cuerpo superior de la Administración General del Estado, y que en sus nóminas se incluye su antigüedad en la función pública. Para un amplio sector de la sociedad puede no ser suficiente esta explicación, y sería legitimo que así fuera, pero el líder de la oposición sí debería tenerla en cuenta para no incurrir en críticas de brocha gorda.
Este régimen retributivo de la clase política, de los altos cargos y de los directivos de empresas y entidades públicas debería debatirse como un capítulo más de la reforma de la Administración Pública, para ser tratado con rigor y no con oportunismo. Lo que interesa realmente no es una propuesta en bruto de reducción de salarios que ignore la importancia de las responsabilidades públicas asumidas por cada cargo, sino saber qué extensión debe tener la estructura administrativa española para ser más eficaz con menos coste. De esto último no se preocupa Sánchez, porque el socialismo sigue creyendo que el Estado es mejor cuanto más grande, y que es mejor tener muchos funcionarios mal pagados que menos y mejor retribuidos. Es fácil lanzar un libelo contra las nóminas más altas de la función pública, pero si los ciudadanos quieren contar con profesionales eficaces en la Administración del Estado, harán falta dos cosas: salarios atractivos y máxima transparencia. Y, desde luego, lo que sobran son declaraciones tan ignorantes como las de Pedro Sánchez.
