LA TORTURA NO CABE EN UNA DEMOCRACIA

DESDE la aparición del terrorismo islámico como un fenómeno global, las sociedades occidentales han depositado en las agencias de seguridad una parte creciente de su intimidad, e incluso de su libertad de movimiento. Este sacrificio debe ser compensado no solo con una mayor eficacia en la custodia de nuestra protección –a pesar de que la ausencia total de riesgo sea imposible–, sino con el más escrupuloso respeto de las leyes que salvaguardan los derechos básicos de los ciudadanos. El informe del Senado norteamericano sobre la actividad de la CIA en la lucha contra Al Qaida revela que la agencia de espionaje norteamericana violó claramente todos los límites y que, además, ese trabajo sucio no ha sido determinante en la eficacia de su tarea.

La crítica realizada ahora por el Senado estadounidense, que evidencia casos de torturas «incompatibles con los valores que defiende Estados Unidos», confirma lo acertado de tantas denuncias que –también desde Europa– se hicieron ante las evidencias escandalosas de la existencia de vuelos y cárceles clandestinos. Barack Obama, que desde el principio enfocó mal este problema y que ni siquiera ha podido cumplir su promesa de cerrar Guantánamo, debería sacar consecuencias de este informe y castigar a los responsables. La obediencia de las sociedades a sus instituciones se basa en la confianza o, en el peor de los casos, en el miedo. Los ciudadanos han pedido protección como respuesta al miedo provocado por los terroristas, pero los dirigentes de la CIA han puesto en peligro su confianza. Aún peor: si Obama no hace nada, la sociedad puede llegar a perder la confianza en unas instituciones que no respetan las reglas. Lo que debilita a la democracia no son los informes, sino lo que se denuncia en ellos y no se combate.