TRANSPARENCIA Y REGENERACIÓN DEMOCRÁTICA

LA calidad de un sistema democrático se mide por la eficacia de los mecanismos que las leyes ponen a disposición de los ciudadanos para el control de la actividad de sus representantes y dirigentes. La reducción de la democracia a su vertiente puramente electoral es la simplificación de lo que debe ser un entramado de valores éticos y garantías contra la arbitrariedad. Además, la capacidad de la sociedad para ejercer ese control sobre el poder político dependerá de su grado de información sobre los asuntos públicos. Por esto mismo, la ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, que hoy entra plenamente en vigor, constituye un hito para incorporar al ciudadano como sujeto activo de la democracia. La desconfianza en la clase política no debería impedir a la opinión pública valorar con justicia la apertura del portal de la transparencia, al que los ciudadanos podrán solicitar información sobre cualquier vertiente de las cuentas públicas, incluidos los sueldos de los altos cargos. Es cierto que esta exposición ante los ciudadanos puede resultar disuasoria para aquellos que querrían dedicarse a la política sin verse despojados de su privacidad económica, pero es una contrapartida necesaria para luchar contra la corrupción y recuperar el favor de la opinión pública. Ese dinero público procede de los impuestos de los ciudadanos, y estos tienen derecho a saber en qué se emplea.

Esta debe ser una ley que sirva no solo como norma jurídica, sino como fuente de compromisos éticos, como guía para expulsar de la política, de sus aledaños y de los fondos públicos, a quienes quieren aprovecharse de la opacidad del laberinto administrativo en el que se mueven los intereses generales. El PSOE cometió un error votando en contra de esta ley, porque representa una manifestación de voluntad regeneradora de la que nunca debió quedarse al margen. El acierto histórico es del Gobierno de Rajoy.