EL ESTADO Y LA FAMILIA

Si Don Juan Carlos aún fuese Rey el pliego de acusaciones del caso Nóos se habría convertido en una bomba bajo el trono

LA única operación institucional que ha salido bien en España en los últimos años ha sido la abdicación del Rey. Una demostración de que los saltos al vacío, por arriesgados que parezcan, pueden tener éxito si se ejecutan con celeridad, contundencia y determinación suficientes. El relevo-exprés de junio ha difuminado el desgaste de la Corona, la ha insertado en la corriente de renovación generacional de moda en las élites españolas y la ha alejado de la amenaza de desestabilización que suponía el escándalo Urdangarín, sin duda el factor esencial en la reciente crisis de la Monarquía. Con Don Juan Carlos en el despacho principal de La Zarzuela, los pliegos de acusaciones del caso Nóos se habrían convertido en una bomba bajo el trono; ahora siguen siendo material mediático y social explosivo, pero va a detonar con la carga política desactivada.

El fiscal ha echado a Urdangarín a los leones. Los casi veinte años de cárcel solicitados prácticamente le aseguran una estancia en prisión por tiempo considerable. El intento de exculpación de la Infanta no le va a evitar el banquillo al menos en la fase inicial del juicio porque el juez Castro la encausará con toda probabilidad y su decisión no tiene recurso. Tendrá que ser la Audiencia de Palma, ya comenzada la vista, la que decida si continúa en ella como acusada o como testigo. El reproche penal está asegurado y doña Cristina debería, antes de comparecer en el tribunal, tomar una decisión simbólica pero relevante sobre sus derechos dinásticos. Incluso en la hipótesis de que al final no sea juzgada, su conducta ha quedado en evidencia. Ha metido en un lío a la Corona y no tiene otra salida de decoro que minimizar los daños renunciando a su línea sucesoria.

En cualquier caso se trata ya de un asunto desagradable pero colateral, que ha perdido la mayor parte de su potencial perturbador para el sistema al diluirse la peligrosa asociación de responsabilidades con la Jefatura del Estado. Habrá ruido y debate, escarnio sociológico y furia populista; sin embargo el proceso abdicatorio ha reducido el problema a un ámbito más familiar que político, aunque para ello Felipe VI haya tenido que decretar una suerte de implacable destierro moral de su hermana, a la que alejó incluso de la ceremonia de su proclamación. La redefinición jurídica de la Familia Real ha establecido un cortafuegos que aísla a la institución del incendio judicial en su entorno cercano. No ha sido leve el coste del expediente: en buena medida este sumario se ha llevado por delante a un Rey de España. Y tampoco va a resultar grato para el actual Monarca someterse a este penoso conflicto, pero desde el principio era consciente de que no tenía soluciones fáciles ni caminos intermedios. No es la suprema y siempre confusa razón de Estado: es el sometimiento imperativo a la justicia y a la ley. Ni más ni menos.