EL FISCAL REPARTE CULPAS EN EL CASO NÓOS
UNA vez que el fiscal Pedro Horrach presente hoy su escrito de acusación en el caso Nóos, la suerte procesal de la Infanta Cristina estará definitivamente en manos del juez Castro. Será este juez, y no los de la Audiencia Provincial de Palma, el que decida quién se sentará en el banquillo y los delitos por los que cada acusado podrá ser juzgado. Su decisión no será recurrible, así que tiene la última palabra sobre la Infanta. El dilema es si aplicará o no la doctrina Botín, que no permite a una acusación popular sentar en el banquillo a un acusado contra quien el fiscal y la víctima no presentan cargos. Todo hace pensar que el juez Castro mantendrá su línea contra la Infanta Cristina, haciéndose eco de los matices que le sugirió la propia Audiencia Provincial para no aplicar esa doctrina. Será su pulso final con el fiscal Horrach, antes del juicio oral, en el que podrán de nuevo la Fiscalía y la defensa solicitar la nulidad de la acusación formulada por Manos Limpias, pero para entonces la Infanta ya estará sentada en el banquillo. Se cierra un capítulo ante el juez Castro y se abre otro, el definitivo, ante la Audiencia.
El fiscal Horrach se muestra coherente en su escrito de acusación. Carga contra Urdangarín, para quien pide 19 años de prisión, y contra su socio Diego Torres, a quien acusa por delitos que pueden suponer una condena de 22 años. Libera a la Infanta Cristina de toda responsabilidad penal, pero la hace responsable civilmente a título lucrativo, la misma etiqueta que llevó a Ana Mato a la dimisión. Ahora bien, ante una petición de condena a 19 años de prisión contra su esposo, la Infanta no debe considerarse exonerada de tomar decisiones, porque su integración en la línea sucesoria de la Corona confiere a su situación privada una dimensión pública evidente. El mantenimiento de su estatuto sucesorio es incompatible con el perjuicio que las actividades de su esposo han causado a la imagen a la Corona.