«No todos los problemas que tiene la agricultura se solucionan con ayudas»
El responsable del diseño de los pagos directos de la PAC asegura que la mejor manera de regular los mercados es exportar, ganar clientes y ser competitivo
fernando Miranda es desde el pasado mes de mayo director general de Producciones y Mercados Agrarios del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Ingeniero Agrónomo titulado y con amplia experiencia en el sector público, ha sido presidente del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), el organismo pagador de las ayudas europeas que llegan al campo. Es uno de los artífices del resultado final de la nueva Política Agraria Común (PAC), de la que se muestra «satisfecho» tras dos años de duras negociaciones en Bruselas.
—¿Cuándo se publicarán definitivamente los Reales Decretos de la PAC?
—Nuestra previsión es que se aprueben en el Consejo de Ministros del día 19 de diciembre. Los pasos que hemos tenido que dar son muy largos y el proceso de una norma legal como ésta ha sido muy complejo.
—¿Cómo queda Andalucía tras las recomendaciones de la Comisión Europea al modelo de regionalización?
—Nuestro modelo recoge tres tipos de superficie (cultivos herbáceos, que incluye secano y regadío, cultivos permanentes y pastos) y en una misma región podía darse uno solo, dos o todos. La Comisión viene a decir que eso no lo podemos hacer, pues considera que cada región sólo debe incluir un tipo de superficie. Eso, a efectos del agricultor de Andalucía o de Sevilla no va a variar, pues los mapas quedan prácticamente iguales. A nivel nacional pasamos de 24 a 50 regiones, lo que supone un grado de complejidad mayor, pero se va a notar más de cara a la Administración que al agricultor.
—El concepto de agricultor activo, con el que las entidades agrarias están de acuerdo, también ha sido cuestionado. ¿Se va a mantener?
—Para ser agricultor activo hay que tener al menos un 20% de ingresos agrarios distintos a los pagos directos, y eso lo vamos a mantener. La Comisión habla de circunstancias que se pueden dar en productores que, sin llegar a ese porcentaje, tengan una actividad agrícola o ganadera propiamente dicha. Estamos viendo a través de qué circunstancias excepcionales podemos considerar esta casuística.
—Para el reparto de las ayudas europeas, ¿hay más o menos perceptores que en el marco anterior?
—Con esta Reforma vamos a elevar el importe mínimo para recibir ayudas, de 100 euros a 300 euros en 2017, y es en este estrato de importes bajos donde hay más beneficiarios. Muchos corresponden a situaciones que no están regularizadas, como atomizaciones de una explotación agrícola familiar, por lo que es de esperar que el número de perceptores disminuya bien por concentración o por regularización de los que ya hay.
—Los pagos acoplados permitirán que muchos sectores en recesión tengan un futuro. ¿Se incluirá a la aceituna de mesa en la revisión de la PAC prevista para 2016?
—Estamos solicitando a la Comisión que se incluya a la aceituna como uno de los sectores que puedan recibir ayudas acopladas, y para ello hay que resolver el problema comunitario de cambiar en el Reglamento el término aceite de oliva por el de olivar. Es una reivindicación histórica en la que seguimos insistiendo. Cultivos industriales como el arroz o el tomate, con superficies muy estables y que son muy sensibles a la rentabilidad de la producción, también hemos intentado protegerlos.
—¿Y hay más cultivos en lista de espera pendientes de esa revisión?
—Hay muchos que lo piden, pero no todos los problemas que tienen los sectores agrarios se solucionan con ayudas. Se pueden solventar con reconversiones varietales, mediante organizaciones de productores u otros cauces. La ayuda hay que interpretarla como el último recurso para asistir a un determinado cultivo. Por ejemplo, a un sector muy orientado al mercado como el de frutas y hortalizas hay que darle herramientas más modernas y sofisticadas que las ayudas directas.
—¿Podría indicar cuáles?
—Las necesarias para mejorar las condiciones de transformación, los tipos de productos y para ser capaz de atender una demanda cada vez más especializada y exigente en determinados mercados.
—Muchas voces señalan que el fracaso de la PAC es que no incluye medidas de regulación de mercado. ¿Está de acuerdo?
—A las medidas de regulación de mercado que representaba el antiguo Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) no vamos a volver. Cada vez que almacenamos un producto estamos perdiendo clientes y ventas. La mejor manera de regular los mercados ahora mismo es exportar, y ganarse al cliente pues, en definitiva, de lo que estamos hablando es de competitividad. Apoyar que las organizaciones de productores sean más fuertes, que accedan a herramientas de internacionalización, de exportación, que sean capaces de conquistar canales comerciales y nuevos productos son las medidas de regulación propias del siglo XXI.
—Eso implica apostar por la innovación agroalimentaria, y la PAC incluye fondos para todo esto, ¿no?
—Efectivamente. Tenemos mucho que aprovechar en esta nueva PAC y ojalá que en 2020 hayamos sido capaces de sacar el 100% a todo lo que contiene la normativa comunitaria.
Aplicación en Andalucía
—En el Segundo Pilar, Andalucía ha sufrido un recorte de 211 millones de euros, lo que ha sido muy criticado por el Gobierno andaluz. ¿Cómo han visto estas críticas desde el Ministerio?
—El discurso político de la Junta de Andalucía no se corresponde con los datos reales. En la Conferencia Sectorial de enero se presentó un modelo de reparto de los fondos de desarrollo rural basado en criterios objetivos que, básicamente, eran los mismos criterios que había aplicado la Comisión Europea. El problema de Andalucía es que venía de un sobre anterior desproporcionado. Mirándolo desde la perspectiva de otras autonomías, a Andalucía le hubiera tocado ceder más de lo que ha cedido.
—También hubo polémica con la Junta por las ayudas asignadas dentro del Primer Pilar...
—Desde el principio hemos intentado estabilizar los importes para que ninguna autonomía se sienta ni perdedora ni ganadora. Andalucía va a continuar siendo la comunidad que más pagos recibe por hectárea, a pesar de que el peso que representa la agricultura andaluza sobre el global de España es menor que el de las ayudas que recibe. La Junta se tendrá que emplear a fondo para lograr en el futuro lo que ha conseguido en esta Reforma agraria.
—El sector productor alerta de que sigue sin cumplirse con el plazo de los pagos a 30 días aunque la Ley de Calidad obligue a ello ¿No se está aplicando la normativa?
—La Ley, de principios de 2013, ha requerido un periodo de maduración pero ya estamos viendo como se está implantando sector por sector. En el lácteo el pago sí se producía en ese periodo legal, en el del vino ya se ha alcanzado un principio de acuerdo para este fin, y en el caso del aceite de oliva y de frutas y hortalizas llegará pronto. Además, las entidades bancarias están activándose para darle financiación a la industria, con el objetivo de que puedan pagar los productos perecederos a los agricultores dentro de esos 30 días.
