AL RESCATE DE LA JUSTICIA PENAL
El anteproyecto de ley que ayer aprobó el Consejo de Ministros es una iniciativa política, en el mejor sentido del término, tanto como técnica
EL ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha impulsado una reforma de la justicia penal que dota de contenido político a un departamento que estaba condenado a cerrar la legislatura con más polémicas que resultados. De paso, el Gobierno empieza a cubrir el vacío existente en su política judicial, que había quedado limitada a la imposición de tasas y a la definitiva politización del Consejo General del Poder Judicial. El anteproyecto de ley que ayer aprobó el Consejo de Ministros es una iniciativa política, en el mejor sentido del término, tanto como técnica, porque implica una modernización del proceso penal mediante la incorporación de nuevos tratamientos legales de derechos fundamentales y garantías procesales. La jurisprudencia sobre Derechos Humanos encuentra reflejo en la implantación definitiva de la doble instancia y en las nuevas reglas sobre el derecho de defensa del detenido o sobre la intromisión judicial en las comunicaciones telemáticas, las conversaciones y las imágenes personales o los dispositivos informáticos. No solo los jueces y fiscales tendrán una normativa más clara sobre estos medios de investigación, sino también la Policía, que tradicionalmente ha demandado más seguridad jurídica cuanto sus pesquisas afectan derechos fundamentales. Es un texto que equilibra el garantismo y la eficacia en la persecución de los delitos.
La diligencia en la gestión de los procesos penales es también un objetivo bien abordado en la reforma, que impone a la investigación de los delitos plazos máximos que están entre los seis y los 18 meses, según la complejidad de los hechos, por la que pueden ser prorrogados. No es ningún disparate esta acotación temporal. Por un lado, la instrucción penal se ha desnaturalizado en la actualidad, convirtiéndose en un sucedáneo anticipado del juicio oral. Por otro, la reforma prevé reducir los macroprocesos, facilitando el enjuiciamiento de los asuntos complejos mediante su división en expedientes de menor extensión, para juzgar, en menos tiempo, cada uno por separado. Lo que no tiene sentido es mantener una legislación que propicia investigaciones sumariales interminables y de resultado incierto. Además, se crea un proceso monitorio para delitos de tráfico castigados con multa y se permite a la Policía archivar por sí misma los atestados policiales sin sospechoso conocido. Dos medidas que reducirán la burocracia de los juzgados. Algunas críticas no se han hecho esperar. Como todo proyecto ambicioso, hay contenidos sensibles que quizá necesiten alguna corrección, como la innecesaria reforma del recurso de casación y la posibilidad de que el Ministerio del Interior acuerde por sí mismo intervenciones telefónicas en delitos graves que no sean de terrorismo. En todo caso, además de su oportunidad técnica, este proyecto es un balón de oxígeno a la precaria agenda política del Gobierno.
