LOS ETARRAS DEBEN VOLVER A LA CÁRCEL
CONSUMADO el despropósito judicial que ha supuesto la prematura puesta en libertad de varios asesinos etarras –en virtud de la interpretación discrecional que tres jueces de la Audiencia Nacional han hecho de una directiva de la UE–, el Tribunal Supremo tiene ahora la obligación jurídica y moral de devolver a estos terroristas a la cárcel. Al Estado de Derecho no le queda otro camino; no solo porque la ley lo respalda, sino porque los ciudadanos asisten lógicamente escandalizados a que en los tribunales se les ahorren años de prisión a quienes no solo han asesinado a inocentes, sino que han atacado directamente al Estado. Que el miserable de Santiago Arrospide, apodado «Santi Potros», haya estrenado su libertad arropado por dirigentes de Bildu, que gobierna en Lasarte, nos augura un panorama de humillación y afrenta que un Estado de Derecho fuerte y solvente no puede tolerar, pues en ningún caso las administraciones (y la municipal lo es) pueden rendirse en agasajos y prebendas a un pistolero, en absoluto arrepentido, autor de decenas de crímenes. Las risotadas de los ediles proetarras en el Pleno celebrado ayer en ese Ayuntamiento guipuzcoano sobrepasan el oprobio y lo tolerable. El ciudadanos –y entre ellos muy especialmente las víctimas del terrorismo– no merecen que se les humille de esta manera. Con Bolinaga ya era bastante. Porque el Estado no ha luchado contra el terrorismo durante casi cincuenta años, acorralando a los asesinos, para que ahora sean ellos y sus palmeros políticos quienes rían y aparezcan como vencedores.
«Potros» y Plazaola deben volver a la cárcel, y ningún etarra más debe ser excarcelado aplicando esa reducción de pena. Todos han de cumplir hasta el último día su tiempo de condena legal y estipulado, porque hasta entonces no se habrá hecho justicia ni se habrá ganado esta batalla por la libertad.
