Una red de fraude de oro tenía en Córdoba a sus proveedores clave
La Policía desmanteló en toda España una compleja trama con 8 detenidos en la capital
La denominada operación «Plan Oro», que permitió el pasado febrero desmantelar una trama de fraude fiscal y blanqueo de capitales en torno al comercio de oro y otros metales en casas de compraventa, con la detención de 164 personas en doce provincias, logró determinar que una de las ramificaciones con más actividad dentro de la organización tenía a sus principales proveedores nacionales en Córdoba, donde, precisamente, fueron arrestadas ocho personas, y se efectuaron dos exhaustivos registros en el Parque Joyero.
El informe policial del operativo, que se inició al detectarse un aumento exponencial en la facturación de Oro Direct, líder del sector, que pasó de 11 a 1.000 millones de euros entre 2008 y 2012, revela que uno de los principales inculpados, que responde a las iniciales S. A. D. C, mantenía constantemente reuniones con diferentes proveedores de metal, con los que fijaba las condiciones generales respecto a precios, cantidades y modo de transporte del metal a adquirir.
Así, los principales suministradores nacionales se ubicaban en las provincias de Córdoba y Valencia, y facilitaban metal al encausado «prácticamente a diario», según el documento policial, al que ha tenido acceso ABC.
Pero no era él quien se desplazaba a estas dos localidades, sino sus hombres de confianza, que lo recogían y llevaban posteriormente a Oro Direct.
Una vez allí, se utilizaba a una de las empresas instrumentales del propio grupo para realizar la transacción comercial. De este modo, «una vez pesado y analizado el metal, se realizaba una transferencia a la cuenta de la sociedad que presentaba el metal y, acto seguido, se llevaba a cabo una disposición en efectivo en esa misma cuenta corriente, operación efectuada desde una ventanilla bancaria ubicada en las sedes de Oro Direct».
Así, el hombre de confianza de S.A.D.C. «retiraba el dinero en efectivo que posteriormente era abonado al proveedor del metal, descontando, claro está, una comisión (y aquí está la ganancia de S.A.D.C.)», explican los investigadores en su informe.
Otras veces eran los propios proveedores los que, autorizados previamente por S.A:D.C., entregaban directamente el metal en la referida mayorista (Oro Direct), utilizando las sociedades instrumentales.
El margen de beneficio que sacaba el inculpado era de entre 0,20 y 0,60 euros por gramo de oro, «lo que le pudo suponer unos beneficios netos de aproximadamente 600 euros por kilo de oro entregado a Oro Direct. De esta manera, sobre el papel no figuraba nunca la procedencia de dicho metal, evitando así todo tipo de control policial, administrativo o fiscal de las operaciones realizadas».
Tras el operativo, se calcula que las 180 empresas implicadas en la macrotrama, aprovechando el auge de la compraventa de metales preciosos, habrían podido emitir facturas falsas por hasta 1.000 millones de euros anuales, así como defraudar nueve millones en el pago del impuesto de sociedades y en torno a 10 millones de euros en devoluciones del IVA, un importe que fue bloqueado.
«Modus operandi»
En la base de esta red piramidal se encontraban casas de compraventa de oro diseminadas por toda España que, según la Policía, compaginaban el comercio legal con distintas actividades ilícitas. Por encima de estos establecimientos se situaban empresas mayoristas y fundidoras, que recibían el flujo de oro, plata y platino para exportarlo al extranjero. Este flujo era adquirido y vendido con registros y contabilidades paralelas, incluyendo también en él piezas robadas, que de este modo eran introducidas en el circuito legal.
De forma paralela, y como auxiliares, seis grupos societarios se encargaban de emitir facturas simuladas a través de empresas ficticias o creadas de forma efímera para ese fin. Sólo en el ejercicio fiscal 2012 los investigadores detectaron un volumen de facturas ficticias de 1.000 millones.
Esas facturas irregulares se ofrecían, asimismo, a otros grupos criminales, nacionales e internacionales, con el objetivo de blanquear para ellos grandes sumas procedentes de estafas masivas (cartas nigerianas), fraudes inmobiliarios y narcotráfico.
