IU no construye pisos sociales porque ya están los de los bancos

La Consejería de Fomento y Vivienda no va a poner en marcha ningún nuevo plan de construcción de viviendas sociales a pesar de la situación de crisis económica y del discurso de Izquierda Unida (formación política en cuyas manos está este departamento) sobre el derecho a la vivienda. La consejera Elena Cortés fue ayer tajante en el Parlamento asegurando que no va a construir viviendas públicas «porque en Andalucía hay entre 700.000 y un millón de viviendas vacías, en su inmensa mayoría propiedad de entidades financieras. No van a pedirme que construya más viviendas».

Claro que la propia Cortés reconoció que no puede usar estos pisos para entregarlos a las familias más desfavorecidas puesto que la ley que permitiría esta expropiación, la de la Función Social de la Vivienda, está suspendida y recurrida ante el Tribunal Constitucional por el Gobierno central. «Este recurso del PP provoca desahucios a las familias porque la ley era una puerta para el alquiler social de estas viviendas a las familias trabajadoras», aseguró.

El debate parlamentario sobre las viviendas llevó hasta el problema de las 16 corralas que se han formado e instalado en otros tantos edificios de propiedad privada en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), un asunto sobre el que Elena Cortés se limitó a asegurar que «hemos ofrecido nuestra capacidad de intermediar con los titulares de edificios para acordar alquileres a las familias trabajadoras», una respuesta que dio a la diputada popular Ana Mestre quien comparó la actuación de la consejería con estas familias sanluqueñas y la que tuvo con las de la corrala Utopía en Sevilla.

Otro de los debates de la comisión parlamentaria que se celebró ayer fue la futura Ley de Movilidad Sostenible. La consejera de Fomento y Vivienda Elena Cortés explicó que el texto —que todavía se está debatiendo y no es definitivo— contempla una figura novedosa que supone, en la práctica, un nuevo desembolso económico para los constructores. Los promotores de viviendas que construyan urbanizaciones aisladas y necesiten una nueva infraestructura de comunicaciones deberán contribuir económicamente a sufragarlas.

Primero deberán elaborar un plan de movilidad sostenible, en el que tendrán que explicar cómo resolverán la movilidad de los futuros inquilinos de esas viviendas, teniendo en cuenta que una nueva infraestructura de transporte público sólo estará justificada en ratios de demanda, rentabilidad social y viabilidad económica.