LA AUDIENCIA ESCANDALIZA A LAS VÍCTIMAS
Estas excarcelaciones de etarras merecen no solo el recurso del Ministerio Fiscal ante el Supremo, sino también un análisis de las posibles responsabilidades de quienes las han acordado
LA Audiencia Nacional ha vuelto a sorprender con una nueva tanda de excarcelaciones anticipadas de etarras. Si fuera el caso de que las puestas en libertad se debieran al dictado de una norma concreta, nada cabría reprochar a los jueces que las están decidiendo. Pero lo que está sucediendo no es esto, sino otro episodio de obsequiosas urgencias con etarras a los que se les acorta su estancia en prisión porque se les descuentan, esta vez, las condenas cumplidas en Francia. Los jueces benévolos están aplicando una decisión marco de 2008, de la Unión Europea, que no es vinculante y que, además, ha sido incorporada al Derecho español por una ley del Parlamento que entró en vigor el pasado martes. Ley que sí vincula a todos los tribunales españoles, que no habría permitido esas excarcelaciones y que ha sido ignorada a conciencia por los jueces de la Audiencia Nacional. Recuérdese a quiénes han puesto en libertad: Ramón Caride Simón, seis años menos; Alberto Plaolaza, siete años menos; Santiago Arróspide Sarasola (Santi Potros), diez años menos, y Francisco Mújica Garmendia (Pakito), diez años menos. Decenas de asesinatos a sus espaldas, miles de años de condena. Estas excarcelaciones merecen no solo el recurso del Ministerio Fiscal ante el Tribunal Supremo, sino también un análisis de las posibles responsabilidades de quienes las han acordado.
Además, la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha aplicado un criterio totalmente opuesto sobre esta cuestión, manteniendo en prisión al etarra Iñaki Bilbao Beaskoechea, con el voto en contra del previsible magistrado José Ricardo de Prada. Nadie podrá negar a las víctimas del terrorismo el derecho a lamentar estos acontecimientos y a sentirse postergadas, precisamente en el momento histórico más propicio para reivindicarlas, que es el de la derrota de ETA.
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, una de cuyas primeras reuniones fue con las víctimas del terrorismo, ha sido tajante al confiar en que el recurso del Fiscal suspenda la excarcelación de los etarras y ha confirmado que la intención de la norma europea y de la ley española no es generar descuentos en las condenas. Es necesario que el Gobierno mantenga la claridad de este mensaje lanzado por el ministro de Justicia. Si no lo hiciera, tras el lamentable episodio de la excarcelación del etarra Bolinaga y las dudas que generó su distanciamiento en el proceso europeo contra la doctrina Parot, sería un nuevo golpe para las víctimas, suficientemente confundidas por la sospecha de que se está culminando el plan de Zapatero sobre el fin de ETA.
