macro operación contra el fraude y blanqueo de capitales
La trama del «Plan Oro» tenía en Córdoba a sus principales proveedores
La Policía desmanteló una red de firmas que facturó 1.000 millones de actividades ilícitas y detuvo a 162 personas
La denominada operación «Plan Oro», que permitió el pasado febrero desmantelar una trama de fraude fiscal y blanqueo de capitales en torno al comercio de oro y otros metales en casas de compraventa, con la detención de 164 personas en doce provincias, logró determinar que una de las ramificaciones con más actividad dentro de la organización tenía a sus principales proveedores nacionales en Córdoba, donde, precisamente, fueron arrestadas ocho personas, y se efectuaron dos exhaustivos registros en el Parque Joyero.
El informe policial del operativo, que se inició al detectarse una aumento exponencial en la facturación de Oro Direct, líder del sector, que pasó de 11 a 1.000 millones de euros entre 2008 y 2012, revela que uno de los principales inculpados, que responde a las iniciales S. A. D. C, mantenía constantemente reuniones con diferentes proveedores de metal, con los que fijaba las condiciones generales respecto a precios, cantidades y modo de transporte del metal a adquirir.
Así, los principales suministradores nacionales se ubicaban en las provincias de Córdoba y Valencia, y facilitaban metal al encausado «prácticamente a diario», según el documento policial, al que ha tenido acceso ABC. Pero no era él quien se desplazaba a estas dos localidades, sino sus hombres de confianza, que lo recogían y llevaban posteriormente a Oro Direct.
Comisiones
Una vez allí, se utilizaba a una de las empresas instrumentales del propio grupo para realizar la transacción comercial. De este modo, «una vez pesado y analizado el metal, se realizaba una transferencia a la cuenta de la sociedad que presentaba el metal y, acto seguido, se llevaba a cabo una disposición en efectivo en esa misma cuenta corriente, operación efectuada desde una ventanilla bancaria ubicada en las sedes de Oro Direct».
Así, el hombre de confianza de S.A.D.C. «retiraba el dinero en efectivo que posteriormente era abonado al proveedor del metal, descontando, claro está, una comisión (y aquí está la ganancia de S.A.D.C.)», explican los investigadores en su informe. Otras veces eran los propios proveedores los que, autorizados previamente por S.A.D.C., entregaban directamente el metal en la referida mayorista (Oro Direct), utilizando las sociedades instrumentales.
El margen de beneficio que sacaba el inculpado era de entre 0,20 y 0,60 euros por gramo de oro, «lo que le pudo suponer unos beneficios netos de aproximadamente 600 euros por kilo de oro entregado a Oro Direct. De esta manera, sobre el papel no figuraba nunca la procedencia de dicho metal, evitando así todo tipo de control policial, administrativo o fiscal de las operaciones realizadas».
Tras el operativo, se calcula que las 180 empresas implicadas en la macrotrama, aprovechando el auge de la compraventa de metales preciosos, habrían podido emitir facturas falsas por hasta 1.000 millones de euros anuales, así como defraudar nueve millones en el pago del impuesto de sociedades y en torno a 10 millones de euros en devoluciones del IVA, un importe que fue bloqueado.
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