El Ayuntamiento está dispuesto a elevar el plazo de cesión del Rey Heredia

El gobierno municipal no podrá problemas para modificar el documento inicial de cesión del Rey Heredia siempre que no se traspasen determinadas líneas rojas que se consideran como necesarias para que se produzca la entrega del antiguo centro escolar, ocupado desde hace más de un año por la Acampada Dignidad. Los servicios municipales están estudiando las alternativas propuestas por el consejo de distrito Sur, que sería el beneficiario de la cesión, y entiende que algunas de las cuestiones como el plazo inicialmente planteado pueden prolongarse para satisfacer las posiciones vecinales. El primer documento establecía un periodo de un año, renovable de doce en doce meses, por razones de índole urbanística.

El Rey Heredia es, según el planeamiento de la ciudad, un edificio a extinguir. El Plan General de Ordenación Urbana entendió que ese inmueble tendría que derribarse con el objetivo de generar una gran plaza pública de conexión entre el Campo de la Verdad y las traseras de la torre de la Calahorra. Mientras esa situación subsista, el gobierno municipal no puede llevar a cabo una cesión a largo plazo. El alcalde de Córdoba, José Antonio Nieto, ya ha asegurado en varias ocasiones que pretende modificar ese planteamiento.

Los vecinos han reclamado que el edificio se les ceda, como equipamiento de usos vecinales, durante al menos dos años prorrogables. Y el equipo de gobierno está de acuerdo en este y otras cuestiones relativas al funcionamiento ordinario. Sin embargo, hay elementos que todavía precisan de una negociación directa.

El Consistorio asegura, por ejemplo, que toda cesión se realizará con los gastos de mantenimiento a costa de quienes ocupen el inmueble, cosa a la que se resiste el consejo de distrito, que reclama la participación municipal en este aspecto.

El mayor problema sigue estando en el desalojo del edificio por parte de sus actuales ocupantes, un asunto que está pendiente de celebración de la vista oral por presunta usurpación. Los servicios jurídicos de la institución consideran que «la depuración física y jurídica del inmueble» es un paso necesario para que la operación pueda llevarse a efecto. Sus actuales ocupantes se niegan.