Instalaciones de la Carlota
El Consorcio aún no es dueño del solar donde está el parque de bomberos
El Ayuntamiento carloteño no ha cedido una de las parcelas ocupadas, de la que se desconoce quién es el propietario
El parque de bomberos de La Carlota sigue abonado a la polémica. Tras conocerse que había ocupado ilegalmente una zona verde, motivo por el que no se le concedió la licencia hasta hace unos días, el presidente del Consorcio de Bomberos, Manuel Gutiérrez, informó ayer de que el organismo que preside no es el titular de todo el terreno sobre el que se ha construido las instalaciones. Gutiérrez indicó que en su día, el Ayuntamiento de La Carlota cedió una parcela y autorizó a ocupar otra con el compromiso de cederla. A fecha de hoy, no se ha producido dicha cesión.
El también vicepresidente tercero de la Diputación explicó que «un tercio de la parcela que ocupa el parque no es del Consorcio, y el Ayuntamiento se comprometió a cederla siendo consciente de que no era propietario. Desde aquí insistimos en la necesidad de que se produzca esa cesión».
Fuentes consultadas por ABC indican que la parcela en cuestión no aparece en el catastro registrada a nombre del Ayuntamiento, pese a que la corporación presidida por la socialista Rafaela Obrero siempre ha dispuesto de ella como si fuese propia.
Cúmulo de irregularidades
Manuel Gutiérrez calificó como «despropósito administrativo» todo el proceso de construcción del parque de bomberos —cuyas obras están siendo investigadas por la Justicia— empezando por la propia cesión del terreno. «En 2007, el Ayuntamiento debió entregar el solar para construir el parque libre de edificaciones y rasanteado a cota cero, pero fue el Consorcio quien pagó la demolición de la nave por 40.000 euros, y sufragó el relleno de la parcela con un coste de 150.000 euros», indicó Gutierrez.
Por su parte, el gerente de la entidad, Juan Carlos Jurado, responsabilizó al Ayuntamiento carloteño del retraso en la obtención de la licencia de apertura, que ha obligado al parque a estar con luz de obra desde que se abrió en 2011 por su situación irregular.
Y todo porque había ocupado una zona verde de forma ilegal. Jurado añadió que «había una zona verde de unos tres metros lineales (unos 300 metros cuadrados) que se había invadido y una falta de protección inífuga en los pilares del edificio. Por ello, en 2013 se solicitó al Servicio de Arquitectura y Urbanismo que realizara el proyecto de legalización subsanando estas deficiencias».
Proceso judicial
Por otro lado, el presidente del Consorcio añadió otro dato que, a su juicio, deja mucho que desear sobre la gestión del Ayuntamiento carloteño, ya que «trató de eludir la bonificación del 75% del ICIO (Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras) que tiene recogida en la Ordenanza de este impuesto aplicable a obras que sean consideradas de especial interés y utilidad municipal para el proyecto de legalización».
Por último, Gutiérrez informó de que continúa la causa iniciada por la contratación sin procedimiento administrativo de las obras complementarias a las incluidas en el proyecto, así como por la duplicidad en la facturación de algunos conceptos y la adecuación de sus precios al valor mercado, en el Juzgado II de Posadas.
Además, por envío de este juzgado, se sigue proceso en el Tribunal de Cuentas sobre posible alcance en perjuicio de los intereses públicos tanto por acción como por omisión, estando citadas las partes en marzo de 2015.
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