Multas de 300.000 euros a locales que rechacen a discapacitados
La futura ley prevé un capítulo de medidas para la inserción laboral de este colectivo
El Consejo de Gobierno de la Junta aprobó en su reunión de ayer el inicio de la tramitación de la Ley de Derechos y la Atención a las Personas con Discapacidad, cuyo régimen sancionador recoge multas de hasta 300.000 euros a las conductas discriminatorias hacia este colectivo, tales como el rechazo de establecimientos públicos a la entrada de afectados por el síndrome de Down.
La futura norma reserva el 5 por ciento de los contratos de la Administración autonómica relacionados con servicios como logística, jardinería o lavandería a los centros especiales de empleo. La Junta también les reservará el 4 por ciento de las viviendas de protección oficial, el 3 por ciento de las plazas de los cursos de formación y mantendrá, como ocurre actualmente, la reserva del 7 por ciento de las plazas en las ofertas de empleo público.
Del contenido del proyecto de ley dio cuenta en rueda de prensa la consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, que puso especial énfasis en el objetivo que se pretende alcanzar: la eliminación de las desigualdades que afectan, mayoritariamente, a las mujeres y a los menores.
La consejera señalo que la nueva normativa obligará a la Junta a elaborar un plan específico de empleo dirigido a las personas con discapacidad, que cuentan con una tasa de paro del 43 por ciento.
Espacios reservados
Entre los derechos regulados en el texto destaca el de la igualdad de oportunidades y la no discriminación. Dispondrá de un régimen sancionador que prevé multas que oscilan entre los 301 euros de las faltas leves a los 300.000 para las muy graves, como por ejemplo la prohibición de acceso o la carencia de espacios reservados para personas con discapacidad.
En materia de viviendas protegidas, el cupo reservado para los discapacitados se diseñará sin distribución en su interior, labor que corresponderá a los adjudicatarios.
Por lo que respecta al apartado de la educación, se prohíbe que los centros públicos o privados denieguen el acceso a sus servicios o actividades de alumnos con discapacidad. Y se obligará a las universidades a elaborar un censo específico de alumnos discapacitados y de aprobar un plan especial de accesibilidad a instalaciones.
